Sheinbaum y la DEA: redefinir la política de seguridad bilateral
Editorial (21/08/2025)
La más reciente polémica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) pone de nuevo en el centro del debate la espinosa relación bilateral en materia de seguridad. No es un tema menor. México y Estados Unidos comparten más de 3,000 kilómetros de frontera, un flujo comercial que rebasa los 700 mil millones de dólares anuales y, al mismo tiempo, un corredor del narcotráfico que se ha convertido en la herida más sensible de la relación.
Sheinbaum fue categórica al señalar que las operaciones de las agencias estadounidenses en México están descartadas en su gobierno. Recordó que en el pasado se permitió una intromisión directa de la DEA en operativos dentro del territorio nacional. Esa práctica, dijo, terminó desde la administración de López Obrador y continúa bajo su gestión.
El mensaje llega justo después de que la DEA anunciara el “Proyecto Portero”, una iniciativa supuestamente conjunta con autoridades mexicanas para identificar a los llamados “gatekeepers” —los guardianes de plaza que administran los corredores de contrabando— y así golpear el corazón de las operaciones de los cárteles. La agencia estadounidense habla de cooperación y de enfrentar juntos al tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína, además del contrabando de armas y dinero. Para Washington, se trata de una estrategia indispensable ante la crisis de sobredosis de fentanilo y otras drogas sintéticas.
Pero para México, la narrativa es distinta. Sheinbaum recordó la detención del general Salvador Cienfuegos en 2020, ejecutada por la DEA aparentemente sin pruebas sólidas, como un punto de quiebre en la confianza bilateral. A partir de ese episodio, el gobierno de López Obrador endureció las restricciones a las agencias extranjeras, y ahora la presidenta insiste en mantener esa línea. Su mensaje va en el sentido de que México coopera, sí, pero bajo sus propios términos.
La tensión radica en la diferencia de prioridades. Mientras Estados Unidos ve en el fentanilo una amenaza nacional que debe combatirse con urgencia, México se resiste a ceder terreno en lo que considera una cuestión de soberanía. El problema, sin embargo, es que el crimen no reconoce fronteras ni discursos políticos. La eficacia de cualquier estrategia dependerá de la capacidad real de ambos gobiernos para coordinarse más allá de los desencuentros.
¿Entonces, cómo equilibrar la defensa de la soberanía con la necesidad de colaboración con las autoridades estadounidenses frente al crimen organizado? Sheinbaum apuesta por marcar distancia, evitando la subordinación histórica que durante décadas caracterizó la cooperación en seguridad. No obstante, si la retórica se impone sobre la acción, el costo podría ser alto. Ni México ni Estados Unidos pueden darse el lujo de actuar de manera unilateral.
En el fondo, este pleito no es solo con la DEA, sino con la sombra de un modelo fallido de seguridad bilateral y Sheinbaum tendrá que redefinirlo.