Le prueban conflicto de interés en contrato millonario… y la sancionan un mes
Maya García (14/10/2025)
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa acreditó que la exsubcoordinadora de la Jefatura de Servicios del Sistema de Control y Regulación de Abasto del ISSSTE (SICORA), Heriberta Flores Hernández, incurrió en un “conflicto de interés” al participar en la adjudicación directa de un contrato de más de 38 millones de pesos a la farmacéutica AstraZeneca, donde su hijo fungía como representante legal. Sin embargo, pese a la gravedad del hecho, el tribunal determinó imponerle únicamente una suspensión de treinta días de su cargo público.
El 12 de julio de 2024, la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA dictó sentencia en el expediente 1628/23-RA1-01-7, en la que sentenció que Flores Hernández incurrió en una falta administrativa grave. Los magistrados María Ozana Salazar Pérez, Juan Carlos Reyes Torres y Carlos Humberto Rosas Franco, concluyeron que la servidora pública “actuó bajo conflicto de interés” y no cumplió con su obligación de informar a su superior jerárquico o al órgano interno competente sobre la situación.
“La servidora pública (…) en su calidad de encargada de la Jefatura de Servicios de SICORA, suscribió el documento denominado Carta de Ausencia de Conflictos de Interés para el procedimiento de adquisición de medicamentos y bienes terapéuticos para el ejercicio fiscal 2021… sin embargo, no se excusó de participar en cualquier forma en la tramitación del procedimiento de contratación antes mencionado, en el cual intervino su hijo (…) en su carácter de representante legal de la empresa”, se lee en la sentencia.
La “sentencia mínima” se impuso bajo el argumento de que la conducta de la funcionaria no generó daño patrimonial ni beneficio económico personal, según los magistrados.
La resolución ha sido interpretada por especialistas consultados como una muestra del margen de tolerancia institucional frente a los conflictos de interés, incluso cuando se trata de contratos millonarios en el sector salud.
La investigación que destapó la trama
Once días antes de la sentencia, el 1 de julio de 2024, el periodista Jorge Torres publicó los detalles de la investigación que derivó en el proceso administrativo contra la funcionaria. El reportaje, sustentado en documentos de la Secretaría de la Función Pública y del expediente del TFJA, expuso que el caso se originó en una indagatoria interna sobre presunta colusión entre Flores Hernández y AstraZeneca durante el proceso de adquisición de medicamentos para el ISSSTE.
De acuerdo con los documentos consultados por el periodista, la SFP integró los expedientes 2023/ISSSTE/DE347 (de investigación) y PAR-8396/2023 (de responsabilidad administrativa), en los que se detalla cómo la funcionaria participó activamente en los trámites que culminaron en la adjudicación directa del contrato 210063ME, identificado con el número AA-012M7B998-E41-2021, para la adquisición del medicamento Palivizumab a la farmacéutica AstraZeneca.
El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, fechado el 7 de noviembre de 2023, concluyó que Flores Hernández incurrió en “utilización indebida de información” y “actuación bajo conflicto de interés”. Según la SFP, la funcionaria tenía conocimiento privilegiado sobre los programas institucionales de adquisición de insumos médicos y, pese a su vínculo familiar con Francisco Javier Puebla Flores, representante legal de AstraZeneca, no se excusó de intervenir en el procedimiento.
“Al contar con información privilegiada y tener un lazo de consanguinidad en primer grado con el representante legal de la empresa, (…) se generaron ventajas frente a otros proveedores, al estar en aptitud de disponer de información privilegiada… tan es así que tuvo como beneficio la adjudicación directa 210063ME”, señala el documento oficial citado en el reportaje.
El informe también precisa que Flores Hernández firmó oficios internos que impulsaron el procedimiento de compra. El 21 de julio de 2021 suscribió el oficio DNAyF/SI/JSS/1695/2021, en el que se solicitó la compra de 328 claves de medicamentos, dando pie a la formalización del contrato con AstraZeneca.
Del expediente administrativo a la sentencia
Con base en las pruebas presentadas por la SFP, la Sala Auxiliar del TFJA determinó el 12 de enero de 2024 abrir el expediente 1628/23-RA1-01-7 y notificó a la funcionaria el 22 de enero. En la notificación se le informó que las faltas atribuidas estaban clasificadas como “graves” en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El caso fue analizado a lo largo de seis meses por los tres magistrados de la Sala, quienes revisaron más de 640 fojas de pruebas y testimonios. Finalmente, en su resolución del 12 de julio, el tribunal coincidió con la Función Pública en que Flores Hernández no informó su conflicto de interés y violó los artículos 55 y 56 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
No obstante, los magistrados descartaron la acusación de “uso indebido de información”, al determinar que la autoridad acusadora no acreditó que la funcionaria obtuviera alguna ventaja personal o beneficio económico. Con ello, el fallo quedó limitado a la falta por conflicto de interés, con la sanción mínima de suspensión.
Un caso que evidencia las grietas del control anticorrupción
El caso de Heriberta Flores Hernández ejemplifica las limitaciones institucionales en la persecución de faltas administrativas graves en el sector público. Aunque la entonces Secretaría de la Función Pública acreditó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el conflicto de interés y la posible colusión con una farmacéutica en relación directa con un contrato de más de 38 millones de pesos, la sanción impuesta por los tres magistrados sólo alcanzó para una suspensión de un mes, sin pérdida definitiva del cargo ni inhabilitación. La funcionaria sentenciada abandonó su cargo en el ISSSTE hasta el 31 de marzo de 2025.
El expediente, que involucra a una de las farmacéuticas más importantes del mundo y a una exfuncionaria del área clave de abasto de medicamentos del ISSSTE, exhibe el riesgo estructural de que los conflictos de interés se normalicen bajo criterios de mínima sanción.
A la fecha, el ISSSTE no ha informado si adoptará medidas adicionales ni si revisará los procedimientos de contratación en los que participó la funcionaria sancionada. El caso de Heriberta Flores Hernández se suma a la lista de resoluciones que, pese a probarse una falta administrativa grave, dejan abierta la discusión sobre la efectividad del sistema anticorrupción en la administración pública.