Medidas de Sheinbaum sobre pensiones enfrentan resistencia: jubilados denuncian “despojo” y anuncian amparos y movilizaciones
(17/04/2026)
La reforma constitucional que limita las llamadas pensiones doradas de ex servidores públicos, impulsada por Claudia Sheinbaum, ha detonado una oleada de inconformidad entre jubilados de empresas del Estado. Lejos de diluirse, la oposición crece en tribunales y en las calles, donde miles de ex trabajadores acusan un “despojo” de derechos adquiridos tras décadas de servicio.
Agrupaciones de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro anunciaron que interpondrán amparos indirectos contra los efectos de la reforma. Aunque reconocen que una modificación constitucional no puede impugnarse directamente, sostienen que sí es posible combatir su aplicación cuando vulnera garantías individuales.
“Estamos actuando conforme a derecho. Los amparos serán individuales, no colectivos, y buscan documentar violaciones a derechos adquiridos y derechos humanos”, explicó Enrique M. Velázquez, representante del Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de la CFE. La estrategia jurídica se complementará con protestas, presión política y, eventualmente, denuncias ante instancias internacionales.
El núcleo del conflicto radica en el nuevo tope que establece que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar el 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 67 mil pesos mensuales. Sin embargo, jubilados denuncian que los recortes ya comenzaron a aplicarse -con límites cercanos a los 68 mil pesos-, incluso antes de que existan leyes secundarias que definan con claridad los mecanismos.
“Se está actuando con intransigencia y sin reglas claras”, acusó José Luis Anzaldúa, representante de jubilados de Pemex. A su juicio, la medida no distingue entre casos y termina afectando a más personas de las que originalmente se buscaba regular.
El discurso oficial ha defendido la reforma como un paso hacia la austeridad y la equidad en el servicio público. No obstante, quienes hoy ven reducidos sus ingresos rechazan la etiqueta de “pensiones doradas”. Jorge Portos, jubilado de Pemex, sostiene que los montos que reciben son resultado de condiciones laborales previamente establecidas y no de privilegios indebidos. “Se ha construido una narrativa falsa que nos estigmatiza”, afirmó.
De acuerdo con estimaciones de los propios jubilados, alrededor de 93 mil personas podrían verse directamente afectadas, con repercusiones indirectas en más de 300 mil familias. Más allá de las cifras, el ajuste ha generado incertidumbre financiera y emocional. Sandra Romero, representante de jubilados de Banobras, advirtió que muchos enfrentan dificultades para cubrir compromisos adquiridos como hipotecas o colegiaturas. También reportó casos de estrés, depresión e incluso hospitalizaciones derivadas de la situación.
En paralelo a la batalla legal, la protesta social ha tomado fuerza. Integrantes de la recién creada Alianza Nacional de Jubilados marcharon sobre Paseo de la Reforma, desde la Estela de Luz hasta el Senado, para exigir que la reforma no se aplique de manera retroactiva. Las consignas reflejan un sentimiento de agravio: “Mi pensión es ganada, no se toca”, se leía en pancartas portadas por extrabajadores provenientes de distintos estados.
Los inconformes advirtieron que de no ser escuchados, escalarán sus acciones, incluso durante eventos de alto perfil internacional como el Mundial de futbol que México coorganizará. La amenaza busca visibilizar el conflicto más allá del ámbito nacional.
El desenlace dependerá de cómo los tribunales interpreten la tensión entre el interés público y los derechos adquiridos. El caso podría sentar un precedente relevante sobre los límites de las reformas constitucionales en materia laboral y de seguridad social.
El gobierno enfrenta el reto de equilibrar su política de austeridad con la certeza jurídica de miles de jubilados, y lo que inició como una medida para corregir excesos percibidos, hoy se ha convertido en un conflicto que pone a prueba la relación entre Estado y trabajadores retirados.