Frente al desaire ciudadano, el gobierno busca legitimar la elección con ayuda del INE
Editorial (04/06/2025)
Las elecciones judiciales del 1 de junio han dejado al descubierto una brecha profunda entre la ambición del oficialismo y la realidad democrática del país. La participación ciudadana apenas superó el 13%, un dato que compromete la legitimidad de una de las reformas constitucionales más profundas de la historia reciente en México. Lo que debía ser una fiesta democrática, se convirtió en un ejercicio técnico, complejo, y sobre todo, desconectado de la ciudadanía.
La baja participación no debería sorprender a nadie. La elección de más de 2,600 jueces, magistrados y ministros —en su mayoría desconocidos para el electorado— mediante papeletas repletas de nombres, sin información clara ni accesible, era un terreno fértil para el desinterés. A esto se suma la distribución de “acordeones” promovidos por grupos afines a Morena, que indujeron el voto bajo el pretexto de orientación ciudadana, contaminando aún más un proceso que desde el inicio adoleció de transparencia.
Ahora, el Gobierno federal busca legitimar lo ocurrido con el respaldo del Instituto Nacional Electoral. En su mensaje oficial, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, calificó la jornada como un “éxito histórico”, haciendo énfasis en la transparencia de los cómputos y en el carácter inédito del proceso. Sin embargo, ni la innovación ni la pulcritud técnica pueden ocultar el hecho más contundente: solo uno de cada diez mexicanos acudió a votar. Y en democracia, sin participación, no hay legitimidad plena.
La raíz del problema está en el origen mismo de la reforma. Impulsada desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la propuesta fue finalmente aprobada gracias al dominio legislativo que otorgó el triunfo de Claudia Sheinbaum. Pero el proyecto avanzó sin debate amplio, sin diálogo con expertos y sin una consulta social que diera sentido a un cambio de semejante calado. La prisa política sustituyó al consenso institucional.
La administración de justicia en México necesitaba una reforma, pero no una impuesta desde arriba ni ejecutada a modo del gobierno. El país sufre una crisis estructural de impunidad, corrupción y abuso de poder. Pero sustituir ese sistema sin construir previamente uno mejor es una apuesta torpe. Sin participación, sin deliberación y sin transparencia efectiva, el riesgo es que se retroceda en la práctica.
En lugar de celebrar victorias ficticias, el gobierno y el INE deben reconocer la fragilidad del proceso. Tienen la obligación de abrir un diálogo serio y plural que permita revisar, ajustar y corregir una reforma cuya legitimidad pende de un hilo. De no hacerlo, esta “transformación” podría terminar siendo el inicio de una nueva crisis institucional.