Pisa, un símbolo de la corrupción en el sistema de Salud
Carlos Estrada
27/01/2025
En el centro del escándalo que envuelve al sistema de salud en México se encuentra Pisa Farmacéutica, una empresa cuya historia está marcada por contratos millonarios, productos contaminados y tragedias en hospitales.
Desde su fundación, Pisa y su filial Productos Hospitalarios han forjado una relación con el sistema de salud público. Bajo la administración de Carlos Álvarez Bermejillo, la farmacéutica ha acumulado una fortuna, en gran parte gracias a adjudicaciones directas. Sin embargo, tras esta fachada de éxito empresarial se esconde un rastro de negligencia y malas prácticas.
En 2010, Pisa ya había demostrado su incapacidad para garantizar productos seguros cuando el desabasto de insulina afectó gravemente a pacientes diabéticos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nueve años después, un menor perdió la vida en el Hospital del Niño Poblano debido a un fármaco oncológico contaminado. Y en 2024, la tragedia alcanzó un nuevo clímax con la muerte de 17 menores en tres estados, todos víctimas de soluciones intravenosas contaminadas con bacterias mortales como Klebsiella oxytoca y Enterobacter. Estas bacterias, aunque comunes en ambientes hospitalarios, se convirtieron en un arma letal debido a la falta de controles adecuados en las plantas de Pisa.
La reacción del gobierno ante estas crisis ha sido insuficiente. Si bien la Cofepris ha sancionado a Pisa en repetidas ocasiones, las medidas han resultado ser poco más que simbólicas. En 2020, por ejemplo, Pisa fue inhabilitada durante 30 meses por falsificar información ante el IMSS. Sin embargo, apenas unos meses después, esta sanción fue anulada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este episodio ilustra la capacidad de la farmacéutica para sortear penalidades mediante su influencia y recursos legales.
Más alarmante aún es el patrón recurrente de adjudicaciones directas que Pisa ha disfrutado. De los más de 6,000 contratos que ha ganado entre 2013 y 2025, cerca del 79% fueron otorgados sin licitación. Estas adjudicaciones, justificadas por la supuesta ausencia de alternativas o por emergencias, han permitido que Pisa mantenga su hegemonía a pesar de su historial de irregularidades.
En 2025, Pisa firmó contratos por más de 587 millones de pesos, incluyendo asignaciones directas relacionadas con programas vitales como la diálisis peritoneal. Esta situación, lejos de ser aislada, refleja una cultura institucional que prioriza la conveniencia administrativa sobre la transparencia y la seguridad del paciente.
El papel del gobierno actual tampoco ha sido alentador, y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido sanciones contra Pisa, la historia reciente sugiere que estas medidas podrían no ser suficientes para romper el ciclo de impunidad. La complicidad de las instituciones regulatorias y la falta de voluntad política han permitido que empresas como Pisa continúen operando sin consecuencias.
Más allá de las cifras, las tragedias asociadas con Pisa representan un fallo sistémico que trasciende el ámbito empresarial. Las muertes de menores y el desabasto de medicamentos son un recordatorio doloroso de que el costo de la corrupción no se mide en pesos, sino en vidas humanas. Cada contrato adjudicado sin licitación, cada inspección evadida y cada sanción anulada son un eslabón en una cadena de negligencia que pone en riesgo la salud de millones de mexicanos.
Pisa se ha convertido en un símbolo de la corrupción que aqueja al sistema de Salud, un ejemplo del favoritismo y la opacidad en los procesos de licitación, que han convertido a este sector en uno de los más corruptos de la administración pública.