Mentira piadosa: fracking y soberanía en las cuencas del norte

Ignacio Alvarado Álvarez / Ojo al gato (17/04/2026)

El anuncio de la administración de Claudia Sheinbaum sobre la explotación de gas en las cuencas de Burgos y Sabinas marca un punto de inflexión en la política energética nacional. La decisión se presenta como un paso necesario hacia la seguridad nacional, bajo una premisa que pocos pueden rebatir en el papel: la urgencia de reducir la dependencia del gas natural proveniente de Estados Unidos. Actualmente, México importa más de dos terceras partes del gas que consume para generar electricidad e industria, una vulnerabilidad que, ante los vaivenes de la política global, se ha vuelto un riesgo estratégico.

El plan gubernamental para extraer este recurso en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila se apoya en un cambio de narrativa técnica. La presidenta ha enfatizado que no se utilizará agua potable en los procesos de extracción, optando por métodos que prometen un bajo impacto ambiental mediante el uso de aguas tratadas o tecnologías alternativas de fracturación. En el plano internacional, técnicas de recirculación de fluidos han sido probadas en regiones con alto estrés hídrico como Texas y Australia, donde el agua salobre o el reciclaje de aguas residuales industriales sustituyen al agua dulce. Sin embargo, la implementación a gran escala de estos métodos en las cuencas del norte mexicano implica un reto de ingeniería y costos que apenas comienzan a delinearse.

Detrás de este giro técnico existe una red financiera que se ha tejido en la discreción de las reuniones con grandes fondos de inversión y actores históricos del sector hidrocarburos. La necesidad de capital intensivo para perforar yacimientos no convencionales ha obligado a un diálogo con los “tiburones” del sector, aquellos que poseen la tecnología y el músculo financiero para operar en zonas de alta complejidad. Estos encuentros sugieren una transición hacia un modelo donde la rectoría del Estado busca convivir con la inversión privada global para alcanzar metas de producción que Pemex, por sí solo, difícilmente podría costear en el corto plazo.

Pero la viabilidad de este emprendimiento se mide hoy contra un espejo incómodo: la política de Washington. En un escenario dominado por la retórica de Donald Trump, cuya visión de la política exterior se basa en una interpretación personal de la moral y el interés nacional por encima de los tratados establecidos, la búsqueda de autonomía energética por parte de México adquiere un tinte de resistencia. Si bien producir gas propio fortalece la soberanía, también altera la balanza comercial con el principal proveedor mundial de gas natural. En un contexto de inestabilidad en el Medio Oriente y la guerra con Irán, el control de los flujos de energía se convierte en la moneda de cambio más valiosa de la región. México intenta, con esta decisión, blindarse ante posibles embargos o fluctuaciones de precios que Trump podría utilizar como herramienta de presión diplomática.

No obstante, esta nueva etapa de desarrollo energético no puede entenderse sin mirar las cicatrices de la tierra. Las cuencas de Burgos y Sabinas cargan con una historia de violencia que precede a los anuncios actuales. Durante las últimas dos décadas, ejidatarios y rancheros de la región documentaron procesos de destierro y asedio que fueron presentados oficialmente como daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico. Bajo la administración de Felipe Calderón, la narrativa oficial calificó estos eventos como disputas territoriales entre carteles por rutas de paso. Sin embargo, la realidad denunciada por las víctimas apuntaba a una dinámica distinta: la presencia de grupos con estructura paramilitar que, en ocasiones, actuaban en convivencia o bajo la omisión de cuerpos de seguridad estatales y federales. Estos actos de desplazamiento forzado ocurrieron precisamente en los polígonos donde hoy se planea la extracción, vinculando la tragedia social con la riqueza del subsuelo.

Este trasfondo histórico explica por qué proyectos pasados, como el Acueducto Monterrey VI, fueron recibidos con tanta suspicacia. Aquella obra, proyectada para traer agua desde el río Pánuco en Veracruz hasta Nuevo León, fue frenada durante el gobierno de Jaime Rodríguez “El Bronco” debido a una mezcla de presiones sociales y señalamientos de corrupción, que él mismo me dijo antes de parar el proyecto, estaban relacionadas con la inminencia del fracking. Aunque el discurso oficial defendía el acueducto como una solución para el consumo humano, la sospecha persistente -no solo de la El Bronco-era que el caudal estaba destinado a alimentar la sed de los pozos de gas de lutitas. La posición de la administración anterior, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, fue de rechazo público al fracking solo por su impacto hídrico, aunque en la práctica se mantuvieron asignaciones presupuestarias para la exploración de yacimientos no convencionales bajo el argumento de cumplir contratos previos.

El anuncio actual de Claudia Sheinbaum rompe con esa ambigüedad, y lo hace bajo una lógica de pragmatismo económico y político. La reacción de figuras como Rubén Moreira y otros políticos regionales ha sido cautelosa, centrando la crítica en la contradicción narrativa más que en la viabilidad del proyecto mismo. Menciono a Moreira porque cuando él, y previamente su hermano Humberto, gobernaron Coahuila, es cuando más registros de terror por la violencia se vivieron en la entidad, y se profundizó el destierro.

La polarización política suele nublar el análisis de estos temas, pero la realidad es que la decisión de explotar las cuencas del norte es una respuesta a una encrucijada donde convergen la crisis climática, la seguridad nacional y la deuda social.

La autonomía energética es un argumento sólido en un mundo donde el suministro de gas puede ser utilizado como arma de guerra. Pero para México, el éxito de este emprendimiento no dependerá únicamente de la tecnología “limpia” que se emplee o de la cantidad de pies cúbicos extraídos. Dependerá, en última instancia, de la capacidad del Estado para reconciliar el desarrollo económico con la justicia para aquellas comunidades que, en el pasado, pagaron con su patrimonio y su seguridad el precio de vivir sobre la riqueza energética del país. El reto es técnico, pero el juicio de la historia será estrictamente social y político.