Entre el frijol y el banquete; dos visiones del poder público

Carlos H. Estrada (30/03/2026)

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una campaña para recuperar el consumo de frijol (“somos orgullosamente frijoleros”, dijo este fin de semana), en otra esquina del aparato público se autorizan contratos millonarios para comedores institucionales con menús de cuatro tiempos. La contradicción no es menor y refleja dos narrativas opuestas sobre el papel del Estado en tiempos de austeridad.

La preocupación del gobierno federal por la caída del consumo de frijol se da en un contexto de cambios en los hábitos alimenticios, del avance de productos ultraprocesados y de una transición nutricional que ya impacta en enfermedades crónicas. La campaña presidencial tiene sentido. Reivindicar el frijol no es sólo una decisión cultural, sino también una política pública de salud.

Pero el contraste emerge con fuerza cuando se observa el gasto en banquetes del Poder Judicial. Hasta 331 millones de pesos destinados en 2026 a servicios de comedor institucional, con platillos de cuatro tiempos y estándares estrictos de calidad, lo que resulta difícil de conciliar con el discurso de austeridad que acompañó la reforma judicial.

El problema no es la existencia de comedores ni la calidad de los alimentos. El punto crítico es la proporción y el contexto. En un país donde millones enfrentan inseguridad alimentaria, el contraste entre promover alimentos básicos para la población y financiar menús elaborados para la burocracia de alto nivel resulta, cuando menos, incómodo.

Este tipo de decisiones alimenta la percepción de una desconexión entre las élites institucionales y la realidad cotidiana de la mayoría. La austeridad no puede ser sólo un discurso político; debe traducirse en prácticas coherentes en todos los poderes. De lo contrario, pierde legitimidad.

La mesa, al final, se convierte en metáfora. De un lado, el frijol como símbolo de identidad, salud y sencillez; del otro, el comedor con banquete de cuatro tiempos como reflejo de privilegios persistentes. Entre ambos extremos se juega la credibilidad del Estado.