La ASF y las cuentas pendientes de Alito Moreno en Campeche
Carlos H. Estrada (24/03/2026)
La revelación de Mexicanos contra la corrupción sobre la cancelación de observaciones millonarias a la gestión de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche vuelve a colocar bajo escrutinio el papel de la Auditoría Superior de la Federación y la integridad de sus procesos. Lo que en 2022 aparecía como un conjunto de irregularidades por más de 3 mil 387 millones de pesos, correspondientes principalmente al ejercicio fiscal de 2018, para 2024 el expediente registraba que el 98% de los recursos observados habían sido “justificados”. ¿Se solventaron realmente las irregularidades o se diluyeron en un entramado de decisiones políticas?
Durante el último año del gobierno de Moreno en Campeche, la ASF detectó posibles desvíos y falta de comprobación en casi 3 mil 400 millones de pesos. Era, además, el periodo con mayor número de anomalías. Sin embargo, lejos de resolverse en el corto plazo, estas observaciones permanecieron vigentes por años, incluso después de que el priista dejara el cargo para asumir la dirigencia nacional de su partido.
El giro ocurrió entre 2022 y 2024, cuando la mayoría de los montos fueron repentinamente aclarados. Entre ellos destaca una solicitud de comprobación por 2 mil 443 millones de pesos sin respaldo documental en contratos de obra y adquisiciones. También se redujo otra observación por 457.9 millones, atribuida a 16 instituciones públicas estatales. Lo que había sido considerado por la ASF como un posible desvío de cientos de millones, terminó reducido a cifras marginales.
Este desenlace no puede analizarse sin considerar el contexto institucional. Bajo la gestión de David Colmenares la ASF fue señalada por encubrir casos de alto perfil. Más aún, la intervención de áreas clave como la Dirección General de Seguimiento C levanta suspicacias. Dicha unidad fue encabezada por Ricardo Gabriel López Ruiz, un perfil con vínculos previos con Pablo Angulo Briseño, cercano colaborador del dirigente del PRI.
La relación entre estos actores no es un detalle menor. Angulo, originario de Campeche y figura influyente dentro del PRI, presidió la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, instancia encargada de supervisar precisamente a ese órgano fiscalizador. La posterior llegada de uno de sus colaboradores a una posición estratégica dentro de la ASF, desde donde se revisaron auditorías relacionadas con el gobierno de Moreno, plantea serias dudas sobre conflictos de interés.
El problema de fondo no es únicamente técnico ni administrativo, sino político. La credibilidad de las instituciones fiscalizadoras depende de su independencia y rigor. Cuando observaciones de miles de millones de pesos desaparecen sin explicaciones públicas o sustento documental, se erosiona la confianza ciudadana y se refuerza la percepción de impunidad para funcionarios corruptos.
En un país donde la rendición de cuentas sigue siendo una asignatura pendiente, casos como este deberían detonar investigaciones más profundas, no cierres administrativos. La ASF tiene la responsabilidad de esclarecer, con total transparencia, cómo se solventaron montos millonarios y bajo qué criterios.
Lo que está en juego es la credibilidad del sistema de fiscalización. Sin ella, cualquier discurso anticorrupción queda reducido a discursos vacíos.