La administración Sheinbaum no puede con el desabasto de medicamentos
Carlos H. Estrada (17/07/2025)
El gobierno sigue sumido en una de las crisis más prolongadas y profundas de desabasto de medicamentos. La cancelación a principios de año de la compra consolidada de medicamentos 2025-2026, por graves irregularidades detectadas en el proceso licitatorio liderado por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), no solo evidenció el desorden institucional, sino también la corrupción persistente que impide al gobierno garantizar algo tan básico como el acceso a medicinas.
En abril, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno decretó la nulidad total del proceso, luego de confirmar sobreprecios por más de 13 mil millones de pesos en 175 claves de medicamentos, el 6% del total licitado.
Desde 2019, el gobierno federal intentó reformular el sistema de adquisiciones con cambios constantes de estrategia, decretos, reformas legales y la centralización de funciones en Birmex. Sin embargo, los resultados son los mismos. Problemas de logística, compras fallidas y, sobre todo, estantes vacíos en clínicas y hospitales públicos.
El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, presentado por la administración de Claudia Sheinbaum, prometió la consolidación de un sistema de salud universal, el fortalecimiento del IMSS-Bienestar y la modernización hospitalaria. Pero apenas se mencionan los obstáculos estructurales que impiden el abasto de medicamentos.
La corrupción en procesos de compra, la falta de transparencia en los contratos y la participación de proveedores con antecedentes de incumplimiento no son parte de la narrativa oficial. Sin embargo, los hechos recientes —como la cancelación de la licitación de Birmex—, los ponen en el centro del problema.
Como respuesta a la crisis, en junio se publicó un nuevo decreto presidencial que busca fomentar la inversión farmacéutica nacional, priorizar a empresas con operaciones en México y agilizar trámites sanitarios ante la Cofepris. En el papel, suena ambicioso. Pero en la práctica, se siente como un recurso ya agotado. Un intento más por maquillar el problema sin resolverlo. El decreto es también una confesión tácita de que el gobierno ha sido incapaz de construir un sistema eficiente y transparente para la adquisición y distribución de medicamentos.
En mayo, con dos meses de retraso, el subsecretario Clark anunció una nueva etapa de compras consolidadas, presumiendo un ahorro de 12 mil millones de pesos frente al intento anterior. Esta vez, se adjudicaron 23 mil millones en medicamentos, frente a los 35 mil millones iniciales.
Sin embargo, 176 claves quedaron desiertas, es decir, casi el 30% de los medicamentos licitados no tenían proveedor asignado. En cinco casos ni siquiera se recibieron ofertas. En otros, las propuestas fueron descartadas por no cumplir requisitos técnicos o económicos. El desabasto, por tanto, continuará durante el segundo semestre de 2025.
Birmex, en su intento por reestructurarse, lanzó una nueva licitación nacional para servicios logísticos integrales que incluyen almacenamiento, distribución y recolección de medicamentos. Este proceso, convocado en junio y encabezado por el nuevo director de Birmex, Carlos Ulloa, fue declarado desierto tras señalar fallas técnicas en todas las ofertas presentadas.
Peor aún, las empresas participantes ya habían sido señaladas anteriormente por incumplimientos contractuales y posible colusión con funcionarios públicos, lo que refleja la falta de filtros efectivos para evitar la reincidencia de actores corruptos en los procesos de compra.
Ahora, el gobierno apuesta por el programa “Rutas de la Salud”, que promete utilizar camiones, camionetas y hasta lanchas para llevar medicamentos a las regiones más apartadas del país. El arranque está previsto para agosto, pero el historial de retrasos y fallas deja poco margen para el optimismo.
Más allá de los anuncios, lo que permanece es la desconfianza. El sistema de salud sigue dependiendo de licitaciones mal planeadas, procesos opacos y funcionarios que, pese a los escándalos, se mantienen en sus cargos. Cada nuevo decreto o programa parece diseñado más para administrar la crisis que para solucionarla de fondo.
Y es que esta crisis de desabasto de medicamentos no es solo un problema de logística, es un fracaso estructural que exhibe los límites del gobierno para cumplir su función más básica, como lo es cuidar la salud de su población.