El virus del favoritismo: cómo la relación entre el contratista Aldo Díaz y Zoé Robledo envenena al sistema de salud

Carlos H. Estrada (21/05/2025)

En México el desabasto de medicamentos, la saturación hospitalaria y la falta de personal médico no son sólo síntomas de un sistema de salud colapsado, sino las consecuencias de un mal más profundo y menos visible, pero igual de letal: la corrupción disfrazada de contratos legales.

El caso del contratista Aldo Díaz Pérez, sus empresas y la red de compañías familiares, favorecidas con contratos millonarios por el IMSS bajo la mirada complaciente y posiblemente cómplice del director general, Zoé Robledo, es un ejemplo claro de cómo el veneno del tráfico de influencias se infiltra en las venas del sistema de salud.

Mientras miles de familias enfrentan esperas interminables por tratamientos oncológicos, medicinas básicas o una simple consulta, las empresas de la esposa, el hijo, el hermano y los sobrinos de un exfuncionario de Segalmex prosperan sin obstáculos, firmando contratos por adjudicación directa para surtir insumos médicos. No por méritos, trayectoria o experiencia, tampoco por la calidad de sus servicios, sino por el amparo de relaciones personales y la complicidad de funcionarios públicos como Jorge de Anda, en el caso que nos ocupa, un firmante habitual de estos convenios en el IMSS con aroma a simulación.

Este caso es un retrato patológico de cómo se puede torcer el aparato público para alimentar negocios privados. No se trata de irregularidades menores ni de errores administrativos. Es un patrón. Empresas creadas en tiempo récord que reciben contratos millonarios sin competencia; vínculos familiares entre beneficiarios y exfuncionarios; nombres que se repiten en cada adjudicación, como si se tratara de un negocio privado dentro de una institución pública.

El IMSS, que debería ser el corazón de la salud pública del país, está siendo usado como una máquina de generar riqueza para unos cuantos. Y esa máquina se engrasa con recursos públicos, con el dinero que debería destinarse a surtir farmacias vacías, reparar quirófanos clausurados o contratar médicos.

El caso de Aldo Díaz y Zoé Robledo es más que un escándalo. Es una advertencia. Si no se corta de raíz este tipo de prácticas, el sistema de salud seguirá desangrándose. La narrativa de un gobierno que dice combatir la corrupción pierde todo sustento cuando los contratos públicos se reparten entre familiares de aliados políticos, sin rendición de cuentas ni mecanismos de transparencia.

Este es el tipo de veneno que no mata de inmediato, pero que debilita progresivamente a las instituciones. Lo vuelve todo más lento, más costoso, más ineficaz. Y quienes pagan el precio son, como siempre, los ciudadanos más vulnerables.

La Secretaría Anticorrupción encabezada por Raquel Buenrostro, tiene la responsabilidad de abrir las investigaciones correspondientes. Evidencias hay, y muchas. Basta con revisar los contratos y las condiciones en las que fueron asignados para integrar los expedientes.