Si Corte invalida Plan B electoral, sustituiría a Legislativo, reclama Presidencia
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República reclamó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede establecer requisitos adicionales al trámite legislativo, ya que la Constitución reserva esa facultad al Congreso de la Unión, antes de que entre a revisión el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán para invalidar la primera parte del llamado ‘Plan B’ en materia electoral.
Presidencia argumentó que es falso que no se hayan cumplido pasos del proceso legislativo, como argumentó el ministro Pérez Dayán.
“En el proyecto se omite examinar la dispensa de trámite, que es una atribución reglamentada de los legisladores, que los faculta para someter un asunto a discusión y votación durante una sesión sin pasar por comisiones”, arguyó la Consejería Jurídica de Presidencia.
¿Por qué se discutirá el Plan B electoral en la Corte?
El ministro Pérez Dayán propuso impugnar el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2022.
Para lo cual tomó en cuenta las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el partido jalisciense Hagamos.
En la primera parte del Plan B se acotaron los gastos de publicidad y propaganda de los gobiernos estatales y municipales; y se abrió la puerta a que los funcionarios pudieran usar recursos públicos para promover su imagen.
En el proyecto se argumentaron violaciones en el proceso legislativo como que la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados no fue igual a la aprobada. Que la iniciativa recurrió al trámite de “urgencia u obvia resolución”, sin que existieran causas suficientes para ello. Y que no hubo el debate y la deliberación propios de los procesos legislativos democráticos.
Presidencia alegó que la SCJN habría demostrado una postura facciosa al negar una petición previa para resolver, primero, las demandas presentadas en 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS).
“La SCJN demuestra que existen dos parámetros distintos: uno para revisar las leyes del régimen neoliberal (en cinco años no se ha querido dictar sentencia), y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la trasformación”, señaló la Consejería Jurídica.
Presidencia apuntó que “resulta inexacto” que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, pues durante la aprobación de las leyes que integran el Plan B, los legisladores habrían cumplido los legales; “incluso, con los criterios de la propia SCJN”.