Egoísmo, miedo y corrupción ¿Por qué no donamos órganos?
Moisés Catedral
En octubre de 2019, el diputado Enrique Velázquez propuso una iniciativa de ley que pretendía dotar de marco jurídico a la extracción de órganos con propósitos de donación, en personas fallecidas. La bautizó como “Todos somos donadores”. De haber prosperado, la ley permitiría la disposición automática de órganos y tejidos, a menos que el sujeto de extracción hubiera dejado constancia de lo contrario.
Velázquez, legislador por Hagamos en el Congreso de Jalisco, recordó el envío de la iniciativa cuatro años después, con motivo del Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 30 de septiembre. Pero sobre todo lo hizo en medio de la condición crítica que aguardan ocho mil jaliscienses, cuya vida depende de la implantación. O de un donante, mejor dicho.
El problema que tenemos en el estado, sin embargo, es la falta de personas dispuestas a ceder órganos y tejidos al momento de su muerte. Pero volvamos al tema legislativo antes de girar los ojos hacia las y los ciudadanos.
¿Cuál es la razón por la que la iniciativa de Velázquez no prosperó y tampoco parece que lo hará a mediano plazo? Las y los diputados de MC, PAN, PRI y Morena mantienen estancada la ley que facilite la donación por dos razones concretas: cerrarle la puerta a un eventual tráfico de órganos, y por factores religiosos.
En el país nadie está obligado a donar sus órganos al fallecer. Para ello, el artículo 327 de la ley federal deja en claro que la donación con fines de trasplante se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro (por ejemplo, cuando un padre o hermano decide donar uno de sus riñones a un hijo), y que ello habrá de suceder en total confidencialidad.
El tráfico de materia orgánica humana es una realidad en varias regiones del planeta. Por cercanía demográfica, uno de esos puntos neurálgicos es Centroamérica. México no está exento de sucesos así. En años recientes, grupos de activistas e investigadores de academia han sugerido que detrás de la desaparición de cientos de jóvenes, adolescentes y niños subyace el tráfico de órganos.
Pero sujetar el destino de una ley que pretende facilitar la disponibilidad de órganos y tejidos a una inminente industria criminal no hace sino fomentarla. El tráfico ocurre de manera soterrada por una simple razón: la demanda.
Una investigación periodística de 2017, publicada por la revista Contralínea, estimó que la venta de un riñón alcanzaba los 125 mil dólares. Es la venta que ocurre en el mercado negro, cuyas víctimas son personas predominantemente pobres, y terminan recibiendo unos 120 mil pesos a cambio.
El mercado negro no solo se alimenta de esta manera. La ruta referida por activistas y académicas habla de desaparición y asesinato con propósitos de extracción, y eso ocurre sin que exista una ley como la que congeló el Congreso de Jalisco. No digo que sea la panacea, ni mucho menos. Pero el debate debe llevarnos a reflexionar sobre nuestro rol ciudadano, por ejemplo.
Y aquí voy a lo que nos corresponde. En Jalisco muchas y muchos de quienes esperan la voluntad de un donante, son niñas, niños y adolescentes. Tenemos casos en los que esa espera ha comenzado desde hace 10 años. Así, quienes eran menores ahora están por alcanzar o han llegado a la mayoría de edad. Entonces deben formarse en otra fila, en la de los adultos, y comenzar nuevamente la cuenta regresiva de otros tantos años, que la mayoría no alcanza.
¿Qué nos toca, con ley o sin ley? Voluntad, empatía, sinergia. Cada uno de nosotros podemos aceptar voluntariamente la donación órganos y tejidos al momento de morir. Pero nos frena, además de moral e idea religiosa mal entendida, nuestro egoísmo.