Daños por tráfico de armas en México alcanzan los 15,000 mdd: SRE
El gobierno de México busca reabrir la demanda por 10,000 millones de dólares contra empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, tras asegurar que el gobierno mexicano gastar cerca de 15,000 millones de dólares para responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas, lo que significa representa 5 por ciento de su PIB. Así lo informó Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de la audiencia de apelación ante la Corte del Primer Circuito en Boston, Massachusetts.
Durante una videoconferencia de prensa, Celorio reiteró que las armas que llegan a México no aparecen por generación espontánea, sino por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los criminales tengan acceso a ellas en Estados Unidos. Señaló que en México, solo existe un lugar donde se pueden comprar armas legalmente, pero la inundación de armas de alto poder provienen del tráfico ilícito desde Estados Unidos.
Celorio expresó su confianza en los argumentos orales presentados por los abogados Steve Shadowen y Jonathan Lowy en representación de México para convencer a los tres jueces de que la ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por su sigla en inglés), que blinda a las empresas fabricantes de armas, no aplica para daños ocurridos fuera del territorio estadounidense.
“Es una demanda donde el Gobierno de México le exige a las de la industria de las armas que se conduzcan de manera responsable. Es un tema que demorará en términos judiciales. Somos optimistas de que eventualmente lograremos una decisión favorable”, afirmó Celorio.
El gobierno mexicano ha presentado dos demandas: una ante la Corte Federal en Boston, Massachusetts, y otra ante una Corte Federal en Tucson, Arizona. Ambas demandas contienen argumentos similares, pero se diferencian en que la demanda en Boston está dirigida a empresas fabricantes y distribuidoras, mientras que la demanda en Tucson se enfoca en los actores en el último punto de la cadena de distribución y venta.
Se espera que la respuesta de la Corte de Apelaciones demore entre seis y ocho meses. El mejor escenario para la causa mexicana sería que se ordene a la corte de Massachusetts que retome el caso y entre en la fase de producción de pruebas, mientras que el peor escenario sería que se reafirme la decisión de no seguir con el caso. La primera audiencia en Tucson para presentar argumentos orales se llevará a cabo a finales de agosto.