Tribunal aprueba proceso del Frente Amplio y de “corcholatas” bajo medidas de fiscalización del INE
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dado luz verde al proceso del Frente Amplio por México y las “corcholatas” de Morena y aliados, pero bajo la condición de que el Instituto Nacional Electoral (INE) emita lineamientos para regular y fiscalizar el proceso. Esta medida tiene como objetivo evitar posibles violaciones a la equidad de la contienda y garantizar la transparencia en la rendición de cuentas.
El proyecto original presentado por la magistrada Janine Otálora, que proponía invalidar la convocatoria y suspender el proceso interno promovido por PAN, PRI y PRD, fue rechazado por la mayoría del pleno del Tribunal con tres votos en contra. En cambio, el magistrado presidente Reyes Rodríguez pidió que el Consejo General del INE emita lineamientos para regular estos procesos político-partidistas y, de esta manera, garantizar una competencia justa y equitativa.
En los lineamientos, el INE deberá definir el tipo de propaganda permitida. Asimismo, deberá valorar la permanencia o retiro de la propaganda masiva en espectaculares, vehículos de transporte público y pintas de bardas, entre otros medios.
El tribunal electoral señaló que la fiscalización de estos procesos será muy cercana, con el objetivo de vigilar el origen y uso de los recursos empleados. Además, se definirá el período sujeto a revisión, considerando el momento desde que iniciaron, y se contabilizarán los gastos ordinarios y aquellos que podrían beneficiarse a una persona desde una perspectiva electoral.
El magistrado Reyes Rodríguez enfatizó que los actos que impliquen un llamado expreso o inequívoco a votar a favor o en contra de una persona para una candidatura o cargo de elección popular seguirán estando prohibidos y serán investigados y sancionados en términos de la ley.
Por otro lado, la magistrada Janine Otálora defendió su propuesta inicial, destacando que este proceso busca seleccionar al candidato a la Presidencia de la República en 2024. Según Otálora, existen conductas que vulneran las prohibiciones relacionadas con el inicio anticipado de los actos que tiendan a la selección de candidaturas, lo cual transgrede los principios de legalidad y equidad en la contienda electoral.