Promueve MC protección de jueces
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El día de hoy, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar dos artículos de la Constitución para garantizar la independencia y la protección de jueces y magistrados del Poder Judicial.
En la exposición de motivos, se mencionan diversos casos en que los juzgadores han sido atacados por sus resoluciones, por ejemplo, las ocasiones en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de ser parte del grupo conservador, y por ello frenar su Reforma Eléctrica, el “Plan B” en materia electoral, así como diversos asuntos que el gobierno federal ha implementado en distintos asuntos de relevancia nacional. De 18 asuntos claves, Piña solo ha acompañado en tres ocasiones la misma postura del presidente.
El documento señala que “el presidente de la República ha utilizado constantemente el espacio de su conferencia matutina para exponer a jueces, magistrados y ministros que han resuelto asuntos de su interés de forma contraria a sus intereses, revelando sus nombres completos, juzgados de adscripción y otros datos sensibles, lo cual claramente tiene un efecto intimidatorio que afecta la seguridad de los miembros de la judicatura y puede resultar en poner en peligro incluso sus vidas y libertad personal”.
El caso Angélica Sánchez
La iniciativa también se refiere al caso de la jueza del municipio de Cosamaloapan y Huatusco, Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, quien el pasado 5 de junio fue detenida en Xalpa, cuando circulaba en su auto y posteriormente en Ciudad de México, a pesar de contar con un amparo, acusada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, de ser sospechosa al no vincular a proceso a un detenido por la comisión de un homicidio ocurrido en 2019. Hoy en día está recluida en una cárcel del estado y ya le fue dictada prisión preventiva por un año.
“Se tienen elementos para presumir que el proceso, prisión y tortura ejercidos contra la jueza son consecuencia de que el ejecutivo local no está de acuerdo con las determinaciones que conforme a los datos en expediente y con apego a la independencia judicial, la jueza ha resuelto. Es decir que el sistema penal se está utilizando para coaccionar a los jueces a resolver de la manera en la que las autoridades desean”, señala la iniciativa de MC.
De acuerdo con los diputados de MC, aunque la división de poderes y la independencia judicial está garantizada en la Constitución, no basta con que en la teoría los jueces, magistrados y ministros cuenten con la garantía de independencia judicial, sino que bajo las condiciones actuales, requieren de un mecanismo que proteja su integridad física, tal y como sucede con defensores de derechos humanos y periodistas.
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Garantizar la seguridad
La propuesta de MC es reformar los artículos 49 y 94 de la Constitución. La iniciativa busca agregar que “los servidores públicos que conformen parte de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos, deberán respetar y acatar en su caso las decisiones y actos dictados por los otros Poderes, pudiendo hacer uso de los medios de control de constitucionalidad o aquellos medios previstos en la ley aplicables para impugnarlos cuando consideren que estos afectan la división de poderes o vulneran esta Constitución”.
En el caso del artículo 94 se busca adicionar que el Consejo de la Judicatura Federal contará con facultades para diseñar e implementar un mecanismo de medidas preventivas y urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de jueces, magistrados y ministros, locales y federales, que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su actividad jurisdiccional.
Además, todas las autoridades con independencia de su ámbito de competencia material y territorial, estarán obligadas a cumplir con las órdenes de protección y medidas de seguridad que el Consejo de la Judicatura Federal dicte a favor de impartidores de justicia. En caso contrario, serán responsables de los daños y perjuicios generados con su omisión, además de ser sancionados por las consecuencias civiles, administrativas y penales que en su caso se configuren.
También se busca establecer que los ministros, magistrados y jueces son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y no podrán ser reconvenidos por ellas.
Y finalmente que la independencia de la judicatura deberá ser garantizada por el Estado, por lo que todas las instituciones, entidades, dependencias, órganos constitucionales autónomos deberán respetar y acatar la independencia judicial, así como abstenerse de amenazar o presionar de forma directa o indirecta a los integrantes del poder judicial para resolver en determinado sentido.