Consejo de la Judicatura pide 1,177 mdp para la seguridad de integrantes del Poder Judicial
El magistrado José Montalvo, secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), compareció ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para defender la solicitud de presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Durante su intervención, el magistrado Montalvo enfatizó la necesidad de asignar recursos por un monto de mil 177 millones de pesos por concepto de riesgo, argumentando que la vida de los funcionarios del Poder Judicial está en constante peligro debido a la naturaleza de su trabajo.
El magistrado respondió a críticas del diputado morenista Hamlet García Almaguer, quien cuestionó la concentración de los bonos de riesgo en un grupo reducido de funcionarios judiciales, entre ellos, seis consejeros de la Judicatura, 945 magistrados de circuito y 762 jueces de distrito.
Montalvo explicó que este bono es una prestación justificada por el riesgo constante al que se enfrentan los jueces y sus familias, así como los secretarios judiciales. Mencionó incidentes en los que jueces y sus familiares han sido asesinados o secuestrados, como un caso ocurrido en junio de 2023 en Zapopan, Jalisco, subrayando que su trabajo cotidiano implica riesgos constantes.
En la misma reunión, la oficial mayor del CJF, Gisela Morales, informó sobre las solicitudes de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el CJF para el próximo año. La SCJN está solicitando 6 mil 109.1 millones de pesos, mientras que el CJF requiere un presupuesto de 74 mil 793.3 millones de pesos.
Además, el CJF busca asignar 466 millones de pesos para la creación de 45 órganos jurisdiccionales, con el objetivo de cumplir con las reformas al Poder Judicial de la Federación. Esto incluye la creación de seis centros de justicia penal federal, tres centros regionales de ejecución penal, 22 tribunales laborales, nueve juzgados de distrito, cuatro tribunales colegiados de apelación y un tribunal colegiado.
Gisela Morales señaló que el objetivo de esta expansión en el Poder Judicial es atender la creciente demanda de asuntos de diversos índoles, incluyendo los migratorios, asuntos relacionados con el derecho a la salud y casos en materia mercantil.
El diputado García Almaguer expresó su desacuerdo con una partida presupuestaria destinada a la jardinería, cuestionando esa necesidad en edificios que tienen pocas áreas verdes. Gisela Morales aclaró que este presupuesto también incluye gastos relacionados con fumigación y control de plagas, y mencionó, como ejemplo, que 330 mil pesos están destinados a ese rubro en el edificio sede de Pino Suárez, en el Centro de la Ciudad de México.