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Ojo al gato: El presidente es un tiro al blanco

Foto: Especial

Ignacio Alvarado Álvarez

Pocos días antes de asumir su encargo presidencial, Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. La estrategia, que entre otras planteaba un paquete de incentivos para jóvenes y fue seguida de la creación de una Guardia Nacional, definió también una orden precisa (repetida en cada mañanera cuando se toca el tema): dejar atrás las operaciones altamente letales de las fuerzas armadas, que hasta entonces guiaron las acciones de combate al crimen de los dos gobiernos anteriores. El mismo López Obrador terminaría por bautizar su plan con una frase que indignó tanto al establishment estadounidense como a buena parte de la clase política mexicana, “Abrazos, no balazos”.

Una vez que tomó protesta el 1 de diciembre, el nuevo presidente emitió un discurso público en el que anunció sus cien compromisos de gobierno. La lista incluyó una serie de acciones inmediatas que daban revés a la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, a la que se llegó a finales de 2013, tras la firma del Pacto por México entre el PRI, PAN y PRD. Con ello, López Obrador se propuso fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, las dos empresas estatales desmanteladas durante décadas y a las que, de acuerdo con el mandatario, la reforma terminaría por subordinar al capital privado. De igual forma se propuso revitalizar el uso del carbón para generar energía, prohibió el fracking para sustraer gas de esquisto y posteriormente determinó que el Estado habría de ser rector en la futura sustracción de litio.

La forma en la que los gobiernos anteriores fueron desarmando no solo las empresas nacionales, sino los sistemas de educación y salud para dar paso a procesos de privatización, ha estado en el centro de las acciones en contrario emprendidas por López Obrador desde el primero de los días. El freno a la reforma energética, sin embargo, tiene el candado de los acuerdos comerciales firmados con Estados Unidos y Canadá, pero aún así ha maniobrado por los bordes de lo permitido en su plan nacionalista que, supone entre otros, la autonomía eléctrica y de refinados. Con ello, el presidente ha tocado intereses enormes, tanto de los gigantes del sector como de los Estados Unidos.

Los años previos a la reforma energética fueron precedidos de una narrativa norteamericana que encumbró a las organizaciones del narcotráfico a entidades de crimen internacional que amenazaban su seguridad interior, y abrió paso en México para que vastas extensiones de territorio fueran arrebatadas violentamente a comuneros, ejidatarios, pequeños y grandes propietarios, bajo el argumento de una supuesta disputa “por la plaza” entre “cárteles de la droga”. En ello fueron partícipes tanto políticos como empresarios locales que en su momento dispusieron de información privilegiada. Lo sucedido en México encuentra similitudes con muchas otras regiones del mundo, y desde luego en Latinoamérica. En el ámbito regional, la fórmula del terror impuesto por los empresarios de la droga tiene otro común denominador, la intervención de la DEA.

Los argumentos de López Obrador para sostenerse contra todo y contra todos en su estrategia de seguridad pueden ser cuestionables, sobre todo a la luz de los hechos violentos que no han cedido por más que el presidente sostenga que está en lo correcto. Pero las críticas en el país son nada si se comparan con la enorme presión ejercida desde Washington. La combinación de ambas políticas, la que estropeó negocios billonarios y canceló el empleo de Ejército y Marina para perseguir hasta aniquilar a supuestos criminales, algo que ha afirmado incansablemente López Obrador, tuvieron desde el comienzo de su mandato hostilidades inéditas en parte de la cúpula militar, lo mismo que en el encendido discurso de buena parte de la clase política estadounidense, francamente enardecida por el atrevimiento presidencial de romper el status quo.

Hay un par de episodios en los que la tentación de los Estados Unidos rayó en el intervencionismo, y ambos también sirvieron para ridiculizar en México el “Abrazos, no balazos”: El culiacanazo, esa detención fallida de Ovidio Guzmán en octubre de 2019, y la subsecuente masacre, un mes después, de las niñas, niños y madres de las familias Lagnford-LeBaron en los límites de Sonora y Chihuahua. Las dos ocasiones elevaron todavía más la de por sí beligerante retórica de congresistas y autoridades al otro lado de la frontera, a grado tal que el entonces presidente Donald Trump espetó la idea de emprender un ataque militar contra los “cárteles de la droga y borrarlos de la faz de la tierra”. En términos más diplomáticos, ofreció su ayuda a López Obrador, quien la declinó bajo el argumento inapelable de la soberanía.

Pero las presiones del Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos lejos de aminorar se han tornado más graves. Las peticiones de los congresistas del ala más dura y radical no dejan de insistir en una intervención directa de sus fuerzas armadas en México, y una y otra vez se ha reiterado la falta de colaboración efectiva del gobierno de López Obrador para atacar a las organizaciones que producen fentanilo, la droga sintética que ha cobrado más de 100 mil vidas anuales de estadounidenses desde 2022. La DEA, que la semana pasada filtró información a tres medios específicos sobre una investigación realizada por ellos sobre una supuesta inyección imprecisa de entre dos y cuatro millones de dólares a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006, solo encuentra sentido en el contexto de ese golpeteo de alto nivel que enfrenta el mandatario mexicano.

En una de las tres publicaciones simultáneas, la escrita por el dos veces ganador del Pulitzer, Tim Golden, en ProPublica, hay un marco de referencia que alude a la desconfianza suscitada por el presidente entre ciertos círculos del aparato de gobierno estadounidense, y que de alguna manera ofrece argumentos actuales para hacer pública una investigación que, primero, nunca apunta directamente hacia López Obrador y, segundo, fue cancelada hace años por no hallarse evidencia suficiente para sostenerla. “La acusación de que representantes del futuro presidente de México negociaron con criminales notables ha seguido resonando entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de la política exterior de los Estados Unidos, quienes durante mucho tiempo se han mostrado escépticos sobre el compromiso de López Obrador de enfrentar a los narcotraficantes”, escribe el periodista.

El presidente sabe que se avecinan ataques de diversa índole, y así lo ha manifestado también la semana pasada en una de sus conferencias matutinas. Él dice que todo se enmarca en la lucha por la sucesión, aunque es cierto también que su movimiento hace aguas con escándalos difíciles de evadir bajo el solo argumento de “la moral”. Solo por citar uno de tantos escándalos de corrupción que envuelven no solo a parte de su gobierno, sino al partido que fundó, está el de los empresarios que financiaron campañas en varias entidades de los candidatos y candidatas de Morena. Unos fueron asesinados y otros se hallan en condición de desaparecidos. Ya vendrán, como bien anticipa López Obrador, otras flechas con veneno.