Madres buscadoras y el discurso político que las desaparece
MOISÉS CATEDRAL
En marzo de 2022, la gobernadora de Chihuahua redujo a un acto de manipulación política una marcha emprendida por madres con hijas e hijos desaparecidos. María Eugenia Campos cumplía cinco meses como mandataria en una de las cuatro entidades que Morena perdió en las elecciones del año previo. Durante su campaña política criticó con acidez la corrupción e incapacidad del gobierno federal que, dijo, mantiene al país en su peor crisis de violencia. Pero ante el reclamo de justicia a su gabinete, optó por la descalificación.
La gobernadora del PAN no arrojó —ni lo hace ahora— argumentos diferentes a los de otros políticos y mandatarios. Si los asesinatos y desapariciones forzadas existen es gracias al ejercicio de sus antecesores, y si las madres buscadoras o cualquier otro grupo ciudadano se manifiesta para exigir justicia, es porque algún adversario les utiliza para sus propósitos desestabilizadores.
Campos es solo una muestra discursiva dentro del enorme tejido de la política mexicana. La retórica del poder público mantiene un mismo estándar sin importar el partido del que provenga. Lo mismo da que se hable de economía o de salud, educación o seguridad. Todo siempre va bien o en vías de ponerse mejor, y los males sin solución deben facturarse a nombre de quienes antes tuvieron bajo su control el manejo del país.
El 10 de mayo, madres buscadoras de distintas entidades se dieron cita en Ciudad de México. Se trató de una manifestación en la que, sobre todo, flotó la desesperanza y una alta dosis de estafa por la confianza depositada en la figura presidencial. Las hijas e hijos de muchas de ellas desaparecieron en los últimos cuatro años, y en sus infatigables indagatorias para dar con sus paraderos no hay visos de humanidad ni acciones reales de los funcionarios que les deben soluciones concretas y no diatribas.
Los días previos, una de ellas, Teresa Magueyal, fue abatida a tiros en Guanajuato. Esa entidad, cuna del poder del Partido Acción Nacional, se ha convertido en uno de los hitos de la violencia crecida al amparo de una fiscalía bajo control de un mismo hombre, Carlos Zamarripa Aguirre. Titular desde 2009, Zamarripa ha despachado con cuatro gobernadores distintos, todos del mismo partido y todos con el mismo discurso ante el crimen y la impunidad: el de la mentira y la evasión de responsabilidades.
Por casos como el de Guanajuato, el presidente López Obrador se conduce con ese discurso prefabricado de “la herencia del pasado neoliberal y corrupto”, del “silencio cómplice”, del “ya no hay impunidad”, del “no somos iguales”. Así ha respondido siempre que se le cuestiona por la falta de resultados en materia de seguridad y así respondió tras el asesinato de Magueyal y de la marcha posterior de las madres buscadoras.
De ahí hacia abajo, las cosas empeoran y se cargan de ruindad. Gobernadores y gobernadoras manejan discursos indolentes, en los que no importa siquiera cuidar las formas del lenguaje jurídico, mucho menos con conciencia de género. Si la cifra de adolescentes y mujeres jóvenes desaparecidas se incrementa, no hay de qué preocuparse: ellas se van porque quieren y al rato aparecerán. Nada de corrupción ni de crimen. Tampoco de impunidad atribuible a sus gobiernos.