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La madre, la hija y la podredumbre del sistema judicial

Foto: Especial

Moisés Catedral

En 2019, una mujer fue detenida en Guadalajara por faltas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno Municipal. Cualquiera que haya sido la infracción, se trató de un caso menor, puramente administrativo.

Esto no sería noticia -y de hecho no lo fue hasta hace unos días- de no haberse cometido con ella y con su hija menor el abuso de poder del juez que atendió la causa, y del defensor de oficio que aparentemente se confabuló para encubrir una sanción que terminó por separar a madre e hija durante 19 meses.

De acuerdo con la Contraloría Ciudadana del Municipio, el juez tuvo la opción de castigar con trabajo comunitario a la madre y evitar así la separación. En todo caso, dispuso también de la identidad y número telefónico de familiares que pudieron hacerse cargo de la niña.

Pero en vez de ello ordenó el encarcelamiento y remitió a la menor al Hogar Cabañas. El abuso judicial no terminó allí: cumplida la sanción, negó a la madre el oficio que notificara formalmente de ello, un documento indispensable para recuperar la custodia.

Con su actuación, el juez es potencialmente responsable de violentar derechos fundamentales de la infante y de proceder con un juicio sin perspectiva de género en el caso de la madre. Ese es el marco que anima a la Contraloría Ciudadana en su demanda penal por abuso de funciones y encubrimiento en contra de ambos funcionarios.

De lo que nos enteramos ahora, a cuatro años de sucedido, nos hace recordar incontables atrocidades jurídicas cometidas no sólo en el ámbito civil, sino también en lo penal.

Pocas veces una autoridad del ejecutivo ha salido al paso para defender las garantías esenciales de un ciudadano. O, en este caso, de una ciudadana ultrajada por un enjuiciador con complejo de poder y por un defensor que, como existen varios, termina convertido en palero del sistema.

Hablamos desde luego del miembro de un órgano cívico municipal y de un defensor de oficio del mismo circuito. Pero es preciso referirnos por lo menos al aparato judicial en su conjunto.

Al margen de la guerra política que testificamos entre el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario enfocarnos en la corrupción e impunidad enormes del único Poder de la Unión cuyos miembros no son electos mediante el voto popular.

La noticia de estos días toca a una infractora menor a la que, sin embargo, se castigó con premeditación, alevosía y gran saña; y nos ofrece el gran botón de muestra de lo que institucionalmente debe reformarse, porque simplemente no puede seguir como está.

Bien lo dijo Cynthia Patricia Cantero Pacheco, la Contralora Ciudadana al anunciar la demanda en ciernes en contra los dos funcionarios:

“Este lamentable caso es paradigmático porque retrata y ejemplifica que violar los Derechos Humanos también es considerado un hecho de corrupción”.

Y ejemplos, nos sobran.