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Buscan limitar acceso del FBI a base de datos de inteligencia

Foto: Especial

En un intento por proteger la privacidad de los ciudadanos estadounidenses, la Junta Asesora de Inteligencia del Presidente de Estados Unidos ha propuesto nuevas restricciones al uso que hace el FBI de los servicios de inteligencia. Sin embargo, la junta se opone a la implementación de cualquier requisito que obligue a las autoridades a solicitar una orden judicial antes de registrar determinadas comunicaciones electrónicas, tal y como lo han demandado los críticos.

Las recomendaciones, hechas públicas ayer, han generado controversia en un contexto donde el gobierno de Biden está cada vez más preocupado por la renovación en el Congreso de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera antes de su vencimiento a fines de este año.

La Sección 702 permite a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) recopilar correos electrónicos y otras comunicaciones en línea de empresas estadounidenses con el objetivo de vigilar a no estadounidenses en el extranjero. Sin embargo, existe preocupación de que las comunicaciones de ciudadanos estadounidenses también estén siendo vigiladas sin una orden judicial.

La junta asesora ha señalado problemas significativos con el uso de la base de datos de la Sección 702 por parte del FBI. Estos incluyen más de 278,000 casos de mal uso de la autoridad entre 2020 y principios de 2021, donde el FBI buscó indebidamente en la base de datos a personas detenidas en protestas, sospechosos de disturbios y donantes políticos, ninguno de los cuales estaba relacionado con la seguridad nacional.

Para reforzar el cumplimiento de las normas, el FBI ha tomado medidas como requerir a los agentes que opten por consultar la base de datos que presenten informes escritos justificando las consultas. Sin embargo, la junta asesora considera que estas medidas no son suficientes y recomienda la eliminación de la autoridad del FBI para consultar la base de datos en busca de pruebas de delitos no relacionados con la seguridad nacional.

La junta también insta al gobierno a desclasificar las “certificaciones” presentadas anualmente al tribunal, donde se especifican las categorías de amenazas sobre las que se solicita información de inteligencia. Además, propone la creación de una certificación específica para “antinarcóticos” con el fin de localizar a cárteles de drogas mexicanos y ciudadanos chinos involucrados en el suministro de fentanilo a Estados Unidos.

Es importante señalar que los funcionarios y miembros de la junta asesora argumentaron que las infracciones de los agentes del FBI fueron en su mayoría errores de cumplimiento y no un mal uso intencionado de la autoridad de inteligencia. Además, sugiere que imponer el requisito de una orden judicial para cada consulta relacionada con una persona estadounidense sería impracticable y obstaculizaría la capacidad de la oficina para descubrir amenazas potenciales para el país.