Sheinbaum lo quiere fuera, pero, ¿quién protege a Zoé Robledo?
Carlos H. Estrada (24/03/2025)
Desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, los rumores sobre la salida de Zoé Robledo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han sido recurrentes. Sin embargo, pese a las versiones que lo daban por hecho, el funcionario se mantiene en su cargo.
Fuentes cercanas al gobierno afirman que la decisión de remover a Robledo se tomó desde Palacio Nacional a principios de marzo. La intención de Sheinbaum era limpiar el sector salud, comenzando con la reestructuración del IMSS y la eliminación de prácticas de corrupción detectadas en la empresa paraestatal Birmex, donde se registraron contratos a sobreprecio. Sin embargo, su salida habría sido detenida por un mensaje directo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejó en claro que no veía con buenos ojos su destitución.
Claudia Sheinbaum conoce bien el expediente de Zoé Robledo, un legajo de información sobre sus andanzas en el IMSS y la red de complicidades que creó para manipular las licitaciones públicas y contratar de manera directa a proveedores, generalmente a sobreprecio, incluyendo lotes de medicamentos que no figuran en la demanda de clínicas y hospitales del IMSS y se quedan años en almacenes públicos.
Pero, ¿por qué lo protege el expresidente? Fuentes del gobierno sostienen que Robledo se convirtió en un gestor de los intereses que tenía la familia de López Obrador en el sector Salud, una faceta poco conocida pero bien documentada en la industria farmacéutica.
Las andanzas de Zoé Robledo en el IMSS
A lo largo de su gestión, Zoé Robledo ha tejido una red de funcionarios dentro del IMSS, con quienes ha operado un esquema de adjudicaciones directas que ha permitido contratos a sobreprecio, incluyendo la compra de medicamentos no requeridos por clínicas y hospitales del Seguro Social. Tres de sus principales colaboradores han sido identificados como piezas clave en esta estructura: Humberto Pedrero, su asesor; Borsalino González, director de Administración; y Jorge de Anda, coordinador de Control de Abasto del IMSS.
El problema de abasto de medicamentos, lejos de solucionarse, se ha agravado. Los pacientes enfrentan tiempos de espera más largos para consultas y cirugías programadas, mientras que en los almacenes del IMSS se acumulan insumos que no corresponden a la demanda real del sistema de salud. A pesar de las reiteradas denuncias sobre las irregularidades en la compra de medicamentos, los mismos mecanismos de corrupción que se prometió erradicar al inicio del sexenio anterior siguen vigentes.
Uno de los casos más documentados involucra la relación de Robledo con la farmacéutica Boehringer, a la que se le otorgaron contratos con sobreprecio el sexenio pasado. Un esquema similar fue detectado en Birmex, donde el exdirector de Administración y Finanzas, Ramón Gómez Gaytán, autorizó compras consolidadas sin licitación, facilitando la entrega de contratos directos a empresas farmacéuticas favorecidas por el IMSS.
La complicidad entre el IMSS y Birmex se evidenció en la autorización de más de mil claves de medicamentos sin licitación entre marzo y abril de 2024. Este procedimiento fue justificado como parte de una estrategia de compras regionalizadas y adquisiciones de excepción, pero en realidad permitió que ciertos proveedores recibieran contratos multimillonarios sin competencia.
El sector salud se encuentra en una encrucijada. Mientras la presidenta Sheinbaum y el secretario de Salud, David Kershenobich, buscan erradicar la corrupción, la permanencia de Robledo representa un obstáculo. La llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podría significar un cambio en la política de transparencia, pero enfrenta resistencias dentro del propio IMSS.
Las redes de Zoé con proveedores del IMSS
Entre las redes de corrupción que podrían dificultar los esfuerzos para combatirla destacan la del empresario Aldo Díaz Pérez, quien ha logrado influir en los procesos de compra del IMSS mediante sus conexiones con Matheo Pinzón Woloski, exfuncionario de Birmex y posteriormente colocado en el Seguro Social. Pinzón Woloski ha sido señalado por el uso de información privilegiada para favorecer a proveedores, lo que refuerza las sospechas sobre el tráfico de influencias dentro del sector salud.
Otro caso emblemático es el de Médica Farma Arcar, empresa de insumos médicos vinculada con altos funcionarios del IMSS, como Jorge de Anda y Eduardo Thomas Ulloa. A través de su relación con estos funcionarios, la empresa obtuvo contratos millonarios mediante la sobre estimación de entrega de medicamentos, en un esquema que ha generado pérdidas millonarias para el sistema de salud y ha afectado la calidad de la atención médica.
Los contratos adjudicados a Médica Farma Arcar superan los 200 millones de pesos con el IMSS y 170 millones con Birmex, lo que ha despertado dudas sobre la transparencia en los procesos de contratación. Esta situación ha sido facilitada por funcionarios como Horacio Salinas Alcocer, titular de la División de Apoyo Técnico y Consultivo del IMSS, quien ha sido identificado como una pieza clave en el entramado de corrupción del instituto.
El desafío de Claudia Sheinbaum para limpiar el sector salud es mayúsculo. La permanencia de Zoé Robledo y sus colaboradores más cercanos en el IMSS representa una contradicción frente a la agenda anticorrupción que pretende impulsar la nueva administración. Con la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría Anticorrupción, se abre la posibilidad de sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas en el IMSS y Birmex, pero será una tarea complicada debido a la influencia de intereses políticos y económicos que han permitido la continuidad de estas prácticas.
Por ahora, Robledo sigue en su puesto, respaldado por un poder que parece trasciende la presidencia de Sheinbaum. La pregunta es: ¿hasta cuándo?