Procesan penalmente al exgobernador Jaime Bonilla por peculado y abuso de autoridad
Maya García (25/03/2026)
El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, en un caso relacionado con la planta fotovoltaica de la empresa Next Energy impulsada durante su administración.
La resolución se dio tras una audiencia de más de 23 horas encabezada por el juez de control Gerardo Anguiano Ceja, quien determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra del exmandatario. La decisión se tomó pese a los intentos de la defensa por desestimar las acusaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado.
Durante la audiencia, los abogados defensores argumentaron que la autoridad que llevó a cabo la investigación no era competente, al tratarse, según su postura, de delitos vinculados a corrupción que debieron ser atendidos por una fiscalía especializada en esa materia. Asimismo, sostuvieron que no existían pruebas suficientes para sustentar los cargos.
Uno de los principales argumentos de la defensa se centró en los tiempos en que ocurrieron los hechos. Señalaron que el pago de 123 millones de pesos, relacionado con el presunto abuso de autoridad, se realizó entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, es decir, después de que Bonilla concluyera su mandato. Bajo esa lógica, insistieron en que el exgobernador no podía ser responsabilizado por decisiones ejecutadas fuera de su periodo de gobierno.
En cuanto al delito de peculado, la defensa sostuvo un planteamiento similar, asegurando que los hechos señalados también ocurrieron con posterioridad a su administración. Respecto al uso ilícito de atribuciones y facultades, argumentaron que el caso no encuadra en esa tipificación penal, ya que el proyecto de la planta fotovoltaica correspondía a un contrato plurianual de prestación de servicios y no a la adquisición de un crédito fiscal.
No obstante, el juez consideró que las pruebas presentadas por la fiscalía eran suficientes para continuar con el proceso judicial. La vinculación ocurre casi cuatro años después de la denuncia inicial, un retraso atribuido en parte al fuero constitucional que Bonilla mantuvo como senador, así como a múltiples retrasos en el proceso.
El avance del caso se destrabó a inicios de marzo de 2026, cuando se giró una orden de presentación que obligó al exfuncionario a comparecer ante la autoridad judicial. Como parte de las medidas cautelares, el juez fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y estableció el pago de 100 mil pesos por parte del imputado.