José Calzada y el negocio del agua: concesiones bajo sospecha
Maya García (23/03/2026)
El nombre del exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa está en el centro de la polémica tras las revelaciones del gobierno federal sobre presuntas irregularidades en el uso de concesiones de agua en el estado. El caso, expuesto durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ilustra cómo antiguos esquemas legales permitieron lucrar con un recurso público destinado originalmente a la producción agrícola.
De acuerdo con información presentada por la Comisión Nacional del Agua, la familia Calzada cuenta con títulos de concesión para uso agrícola que habrían sido utilizados para fines distintos. En particular, se señaló la transformación del uso de al menos 628 mil metros cúbicos de agua para su comercialización mediante pipas, una práctica que, bajo la nueva legislación, podría constituir una falta grave.
El titular de Conagua, Efraín Morales López, dijo que estas concesiones son entregadas por el Estado sin costo cuando están destinadas a la producción de alimentos. Sin embargo, el esquema anterior permitía transferir esos derechos a otros usos sin reportarlo, lo que abrió la puerta a negocios privados altamente lucrativos. En el caso de los Calzada, además del uso para venta en pipas, se documentó el suministro a desarrollos inmobiliarios y a un exclusivo club de polo con amplias áreas verdes y lagos artificiales.
En realidad, señaló la presidenta, el agua no era utilizada para producir alimentos. La mandataria cuestionó que mientras algunos sectores enfrentan escasez, otros habrían obtenido beneficios económicos a partir de un recurso nacional. Sheinbaum subrayó que estas prácticas se volvieron posibles por vacíos legales heredados de la legislación de 1992, promulgada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que permitió la transmisión de derechos de agua y su eventual mercantilización.
El contexto cambió en diciembre de 2025, con la aprobación de una nueva Ley de Aguas que busca cerrar estos espacios de discrecionalidad. Según el gobierno federal, esta normativa ha permitido realizar 7 mil 614 inspecciones en todo el país, de las cuales más de mil derivaron en clausuras por uso ilegal del recurso. Además, se detectó un adeudo cercano a los 12 mil millones de pesos por parte de empresas que no han regularizado su situación.
Durante la discusión legislativa de la nueva ley, el diputado priista Mario Calzada -familiar del exgobernador-, se manifestó en contra de la reforma. Para el Ejecutivo, esta oposición refleja los intereses afectados por un cambio que busca eliminar privilegios históricos.
Las investigaciones no se limitan a Querétaro. Conagua también expuso casos en Baja California, donde municipios han pagado cientos de millones de pesos por agua adquirida a particulares bajo esquemas similares. Asimismo, se detectaron irregularidades en una empresa refresquera de gran escala, con adeudos superiores a 200 millones de pesos.
El gobierno sostiene que la nueva política hídrica no solo pretende sancionar abusos, sino redistribuir el acceso al agua. Como parte de esta estrategia, se anunció la entrega directa de derechos de explotación a municipios como Ensenada, Tijuana y Mexicali, con el objetivo de garantizar el abasto a la población sin intermediarios.
El expediente del exgobernador José Calzada se convierte en un símbolo de un modelo que, según las autoridades, permitió durante décadas la apropiación privada de un recurso público. La evolución de las investigaciones y posibles sanciones marcarán el alcance real de la reforma y su capacidad para transformar la gestión del agua en México.