Thalía Lagunas llega a la SEP con un historial de omisiones y sospechas de colusión
Carlos H. Estrada (03/10/2025)
El pasado 1 de abril Thalía Lagunas Aragón reapareció en el gobierno federal en un puesto clave dentro de la Secretaría de Educación Pública. Nombrada Directora General adscrita a la Jefatura de Oficina del secretario Mario Delgado, la exsubsecretaria de la Función Pública regresó apenas seis meses después de haber dejado su encargo en la dependencia anticorrupción el sexenio pasado. Su llegada se da en un contexto marcado por omisiones y sospechas de colusión en la compra de medicamentos que costaron al erario miles de millones de pesos.
Una funcionaria incómoda, pero protegida
Lagunas, exoficial Mayor de Hacienda y pieza central en la Secretaría de la Función Pública entre 2023 y 2024, se convirtió en una de las funcionarias más incómodas para el discurso anticorrupción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lejos de reforzar la vigilancia sobre dependencias estratégicas, la subsecretaria fue señalada por encubrir irregularidades en el IMSS, el ISSSTE y Birmex, beneficiando a directores y operadores políticos cercanos a Morena.
En los pasillos de la SFP era un secreto a voces que Lagunas había tejido una red de protección sobre funcionarios del sector salud. Su poder superaba incluso al del entonces titular de la dependencia, Roberto Salcedo Aquino, quien terminó marginado de las decisiones más sensibles. Así, Lagunas operaba con autonomía y sin contrapesos en un terreno donde se avalaban procesos de contratos multimillonarios.
El caso Boehringer: 740 millones en sobreprecio
El expediente más contundente contra Lagunas se gestó en marzo de 2024, cuando el IMSS adjudicó de manera directa un contrato de más de mil 500 millones de pesos a la farmacéutica alemana Boehringer. Documentos internos de la SFP advertían un sobreprecio superior a 740 millones, pues AstraZeneca había ofertado el mismo lote de medicamentos por 820 millones. Pese a las alertas, Lagunas autorizó la operación a petición del director del IMSS, Zoé Robledo.
El blindaje en el ISSSTE y Birmex
El manto de protección de Lagunas también alcanzó al ISSSTE, donde funcionarios con señalamientos documentados de corrupción conservaron sus puestos. Tal es el caso de Heriberta Flores Hernández, entonces responsable de abasto, acusada de colusión con una farmacéutica vinculada a su hijo. A pesar de las denuncias en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la funcionaria mantuvo inmunidad bajo la sombra de Lagunas.
Otro ejemplo fue un escándalo en Birmex pot la compra de sedantes a sobreprecio que se echaron a perder y tuvieron que ser destruidos, con un costo al erario de más de mil millones de pesos. El operador de esta compra, Raúl García, tampoco enfrentó consecuencias, protegido por la red tejida alrededor de Pedro Zenteno, entonces director del ISSSTE y aliado político de Lagunas.
Un retorno que contradice el discurso anticorrupción
La reincorporación de Lagunas a la SEP exhibe una contradicción en el gobierno federal. Mientras se insiste en un combate frontal a la corrupción, una funcionaria señalada por omisiones graves y encubrimiento de irregularidades es premiada con un cargo en la nueva administración.
En los hechos, el caso de Thalía Lagunas revela que el combate a la corrupción se diluye cuando los intereses políticos están en juego. Su nuevo encargo en la SEP confirma que, más allá de los discursos, la impunidad sigue siendo un capital que asegura la permanencia de ciertos perfiles en el gobierno.