Palacio se hace bolas con la reforma electoral
Carlos H. Estrada (03/03/2026)
La anunciada reforma electoral del gobierno comenzó tropezando antes siquiera de llegar al Congreso. El retraso en su envío ha sido visto como un síntoma de desorden político dentro del oficialismo que ya pone en riesgo la alianza de Morena con los partidos verde y del trabajo.
La mandataria sostuvo que decidió frenar la iniciativa porque incluía modificaciones constitucionales ajenas al ámbito electoral. Después afirmó que todavía hizo observaciones de última hora para evitar contradicciones. Llaman la atención los tropiezos pues se trata de una propuesta trabajada durante meses por una comisión presidencial y presentada como un importante legado de la administración.
El problema no parece ser jurídico, sino político. Mientras desde el Ejecutivo se insiste en que el documento ya está afinado, en el Congreso las señales apuntan a otra realidad. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que la entrega se pospuso para realizar ajustes adicionales, en medio de diferencias abiertas con los aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde.
No se trata de discrepancias menores. Los desacuerdos giran en torno a dos temas centrales, como la fórmula de representación plurinominal y la reducción del financiamiento público a partidos y organismos electorales. Es decir, el corazón mismo de cualquier reforma electoral.
Las reuniones en Palacio Nacional con la participación de figuras clave como Rosa Icela Rodríguez, Ignacio Mier y Pablo Gómez revela que la reforma entró en fase de contención política más que de construcción institucional. Cuando una iniciativa requiere correcciones de última hora y negociaciones urgentes con los propios aliados, difícilmente puede presumirse como producto de una visión consolidada.
El retraso puede parecer de apenas uno o dos días, pero políticamente pesa mucho más. Exhibe improvisación en un tema extremadamente sensible, como lo es el cambio a las reglas del juego democrático.
Si el gobierno pretende transformar el sistema electoral, primero necesita claridad dentro de su propia coalición. De lo contrario, la reforma corre el riesgo de convertirse en lo que hoy ya parece, un proyecto que se enreda en Palacio antes siquiera de enfrentar a la opinión pública.