La militarización de la lucha contra los cárteles y el nuevo enfoque del Pentágono
Editorial (11/08/2025)
The New York Times reveló que el presidente Donald Trump firmó “secretamente una directiva al Pentágono para comenzar a usar fuerza militar contra ciertos cárteles de drogas latinoamericanos” que su administración clasificó como organizaciones terroristas. Descrito como “el paso más agresivo hasta ahora en la campaña contra los cárteles”, no solo representa un cambio táctico, sino una redefinición del papel de las fuerzas armadas estadounidenses en un ámbito tradicionalmente policial.
La directiva, según el diario, “proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”. En términos prácticos, esta autorización abriría la puerta a incursiones armadas contra grupos mexicanos, algo que implicaría una violación a las normas de soberanía y al marco legal internacional.
La estrategia se enmarca en un cambio discursivo que equipara a los cárteles con grupos terroristas, lo que permitiría, en palabras del senador Marco Rubio —citado por el Times—, “usar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa, para atacar a estos grupos si tenemos una oportunidad de hacerlo”.
Este nuevo enfoque militarista enfrenta un problema jurídico, pues la actual legislación no contempla una autorización específica para actuar con las fuerzas armadas contra cárteles, como sí ocurrió tras el 11 de septiembre contra al-Qaeda.
El Times advierte que este cambio marca un distanciamiento de la doctrina previa, en la que las fuerzas armadas “asistieron a las actividades de aplicación de la ley antidrogas” pero sin asumir un papel principal en la eliminación física de objetivos. La nueva directiva “parece vislumbrar fuerzas de Estados Unidos capturando o matando directamente a personas involucradas en el comercio de drogas”, lo que eleva la posibilidad de bajas colaterales y cuestionamientos éticos.
El plan del Pentágono es una apuesta por la militarización total de la lucha contra el narcotráfico y la estrategia plantea riesgos legales, diplomáticos y de derechos humanos. Si se ejecuta, no solo cambiará la política antidrogas estadounidense, sino que podría redefinir las reglas del juego en las relaciones entre México y Estados Unidos.