Golpe selectivo a las “pensiones doradas”
Carlos H. Estrada (26/03/2026)
La aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al artículo 127 constitucional, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, abre un nuevo capítulo en el debate sobre la llamada austeridad repúblicana. La medida, que elimina las “pensiones doradas” al establecer un tope equivalente a la mitad del salario del titular del Ejecutivo, fue presentada como un acto de justicia frente a privilegios excesivos. Sin embargo, su diseño y ejecución revelan que fue un golpe selectivo más que una solución integral a las pensiones millonarias.
Difícilmente puede defenderse que exfuncionarios perciban ingresos desproporcionados en comparación con la realidad de millones de trabajadores. El respaldo mayoritario en San Lázaro refleja ese consenso social. No obstante, el debate en lo particular evidenció grietas importantes que fueron ignoradas. Más de un centenar de reservas, incluidas las de legisladores oficialistas, fueron desechadas sin discusión, lo que sugiere una prisa política que contrasta con la complejidad del tema.
Uno de los puntos más delicados es la aplicación retroactiva de la norma. Legisladores como Ricardo Mejía Berdeja advirtieron que, al aplicar un criterio generalizado, se afecta a trabajadores que obtuvieron legítimamente sus pensiones tras décadas de servicio.
Desde la oposición se han señalado casos emblemáticos que, hasta ahora, parecen quedar fuera del alcance de la reforma. El nombre del ministro Arturo Zaldívar y su pensión de alrededor de 200 mil pesos mensuales ha sido recurrente en el debate, al ejemplificar cómo ciertos actores mantienen ingresos elevados por concepto de retiro mientras ocupan cargos públicos.
La reforma corre el riesgo de convertirse en una herramienta políticamente rentable pero jurídicamente imperfecta. La eliminación de excesos debe ir acompañada de criterios claros, excepciones bien definidas y mecanismos de revisión caso por caso. De lo contrario, el combate a los privilegios puede degenerar en una afectación indiscriminada.
Se necesita una política de pensiones coherente, no sólo simbólica. Atacar los excesos es necesario, pero hacerlo sin precisión puede minar la legitimidad de la propia reforma. En lugar de un golpe selectivo, el país requiere una cirugía fina, que distinga entre abusos y derechos, entre privilegio y mérito. Sólo así la austeridad dejará de ser un simple discurso para convertirse en justicia efectiva.