Gabinete de Salud mantiene simulación en contratos públicos
Carlos H. Estrada (10/11/2025)
La crisis de abastecimiento de medicamentos que ha marcado al sistema de salud en los últimos años no sólo se explica por errores administrativos o fallas logísticas. Detrás existe un entramado opaco de asignación de contratos que reproduce viejas prácticas bajo nuevos discursos. El caso de Wala Servicios México, destapado por el portal de noticias Latinus, es una muestra clara de cómo el Gabinete de Salud mantiene una simulación en el manejo de compras públicas, aun bajo la retórica de austeridad y combate a la corrupción.
Lo que comenzó como una empresa dedicada a la venta de ropa y servicios de salón de belleza terminó, de un día para otro, convertida en proveedora multimillonaria del Estado mexicano. Desde agosto de 2024, la compañía acumuló 62 contratos por más de mil millones de pesos, destinados principalmente al suministro de una veintena de medicamentos -incluidos oncológicos-, a hospitales públicos, así como a la entrega de mochilas a la Guardia Nacional y uniformes para la FGR. La diversidad de bienes que entrega una firma sin trayectoria previa en ningún sector relacionado evidencia, cuando menos, una complicidad estructural en los controles de contratación.
Pero la preocupación central no es sólo la improvisación. El perfil del socio fundador, el abogado fiscalista Sebastián Felipe Rodríguez Robles, agrega un matiz grave. Ex tesorero de Chiapas en el gobierno de Manuel Velasco -hoy aliado clave de Morena-, Rodríguez Robles no es un desconocido en los círculos del poder. Su cercanía con figuras señaladas por prácticas irregulares, como Víctor Manuel Álvarez Puga, prófugo por presuntamente encabezar redes de factureras, prende nuevas alarmas. A ello se suma su vínculo con Asaf Israel Zanzuri, socio de Balam Seguridad Privada, una empresa implicada en la venta del sistema de espionaje Pegasus a la entonces PGR.
La presencia de actores con un historial cuestionable en contratos tan sensibles como la adquisición de medicamentos debería encender las alertas del propio gobierno. En cambio, el otorgamiento masivo de adjudicaciones directas sugiere que persiste una simulación institucional. Se mantiene el discurso anticorrupción mientras se reproducen mecanismos discrecionales de asignación que debilitan la integridad del sistema de salud.
El país no puede permitirse que en pleno relanzamiento del modelo sanitario, los recursos públicos fluyan hacia compañías sin capacidad demostrada y con conexiones que huelen a prácticas corruptas del pasado. Si la administración de Claudia Sheinbaum aspira realmente a reconstruir la confianza ciudadana, este es el tipo de contratos que deben revisarse de raíz. La salud pública no puede seguir siendo rehén de improvisaciones ni de redes políticas que operan en la sombra.