¿Es aún viable el Estado de bienestar en Francia?

Juan Cristóbal Cruz Revueltas (23/09/2025)

“¿Crisis política o crisis de régimen?” es la pregunta más recurrente en estos días en Francia. Si aún nadie tiene una respuesta definitiva, al menos sabemos con certeza que la otrora potencia imperial, hoy convertida en el “nuevo hombre enfermo de Europa”, atraviesa una seria crisis financiera. No se requiere un gran esfuerzo para visualizar el problema: si en 1980 representaba el 20 % del PIB, actualmente la deuda pública ronda el 110 %. Esto equivale a un incremento diario de 415 millones de euros que, para 2029, podría significar un costo anual del servicio de la deuda de 85 mil millones de euros. De seguir este curso, no tardarán en aparecer efectos indeseables como, por ejemplo, que el presupuesto destinado al servicio de la deuda supere el dedicado a la inversión en educación. En otras palabras, Francia ya ha entrado en un inquietante círculo vicioso: la pérdida de control de las finanzas públicas genera inestabilidad política, lo que a su vez provoca que las agencias calificadoras como Moody’s y Fitch rebajen la nota crediticia, encareciendo todavía más la deuda. Así lo confirma el hecho de que la censura contra el gobierno de Michel Barnier en diciembre de 2024 costó aproximadamente 12 mil millones de euros a la economía francesa, en tanto que la reciente rebaja de Fitch podría representar para los franceses un sobrecosto de unos 3 mil millones de euros anuales.

En el debate público, las respuestas propuestas para salir de la crisis financiera difieren acentuadamente. Para el dirigente de izquierda de la “Francia insumisa”, Jean-Luc Mélenchon, no se trata sino de un “falso” problema o, a lo sumo, de un “pequeño problema”, cuyo incumplimiento “no afectaría a los franceses porque el 60 % de la deuda está detentad por extranjeros” (Contrepoints, 20 de septiembre). En tanto que en el entorno del economista Thomas Piketty y de los principales miembros del Partido Socialista, todos ellos en línea con la vieja tradición revolucionaria francesa, el asunto se interpreta como un problema de injusticia fiscal que se resolvería movilizando la opinión pública a favor de la llamada “tasa Zucman” (en referencia a su autor, el economista Gabriel Zucman), la cual supone un impuesto suplementario sobre el patrimonio de los superricos. Ciertamente, siempre es posible mejorar la equidad fiscal, pero los detractores de la “tasa Zucman” responden que los ingresos obtenidos mediante un impuesto sobre activos no líquidos —difícil de implementar y proclive a favorecer la evasión— serían cuatro veces menores de lo prometido por su autor y, en cualquier caso, insignificantes frente a la verdadera dimensión del problema. Si esto es cierto, el “impuesto Zucman” parece más bien una estrategia discursiva destinada a movilizar las pasiones populares, antes que una propuesta seria y eficaz para resolver la deuda.

En cambio, para el ensayista Nicolas Baverez, quien desde hace décadas denuncia el desinterés de la clase política para enfrentar el problema, la pérdida de control sobre la deuda pública tiene su explicación en la transformación estructural de la sociedad francesa. Entre los factores destacan: el declive demográfico —este año ya hay más decesos que nacimientos—; un crecimiento económico mediocre (entre 2019 y 2023 el promedio anual fue de apenas 0.8 %); una constante disminución de la productividad; así como un doble déficit: el comercial (100 mil millones de euros) y el del gasto público (5.5 % del PIB). Para Baverez, en lugar de aumentar aún más los impuestos, lo decisivo es reducir el gasto público, que hoy asciende a 57.7 % del PIB. En efecto, muy lejos de la imagen de país “neoliberal” que se suele invocar, Francia ocupa el segundo lugar con mayor gasto público en la Unión Europea. No sorprende que alguna vez Mijaíl Gorbachov afirmara que “Francia es el único país donde el comunismo ha tenido éxito”, ni que este nivel de gasto favorezca fuertes distorsiones, como el hecho de que, pese a tener 16 millones de habitantes menos que Alemania, Francia cuente con un millón de funcionarios más.

La crisis financiera refleja también una crisis política: la incapacidad de las élites francesas para llegar a un acuerdo en torno a los grandes problemas nacionales. Nótese que los partidos de extrema izquierda y de extrema derecha han votado juntos para derribar a los dos gobiernos más recientes. Una de sus principales exigencias ha sido la anulación de la reforma que elevaba la edad de jubilación a 64 años, con el objetivo de regresarla a los 62. A este respecto, la situación francesa contrasta marcadamente con el manejo del sistema de jubilaciones en países como Dinamarca o incluso España: mientras el país nórdico eleva la edad de retiro en virtud del aumento de la esperanza de vida, en España, gracias al Pacto de Toledo de 1995, se logró un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para evitar que el sistema de pensiones sea rehén del juego demagógico. A fin de cuentas, el modelo europeo de Estado benefactor sólo tiene sentido si es viable para las próximas generaciones, y no se sacrifica a favor de la generación que hoy tiene la fortuna de disfrutar de su jubilación. No se trata de una exageración, actualmente los jubilados mayores de 65 tienen mejor nivel de vida que los activos.

El recurso al populismo fiscal difícilmente puede considerarse una respuesta adecuada, sobre todo cuando Francia enfrenta no sólo una crisis financiera, sino también una crisis geopolítica de primer orden (la guerra en Ucrania), los crecientes costos del cambio climático y una guerra comercial e ideológica con Estados Unidos. En un contexto donde los líderes autoritarios se muestran más amenazantes e indiferentes a los verdaderos problemas globales, urge que la clase política francesa construya consensos y encuentre una salida responsable a estos desafíos.