Desabasto de medicamentos: otro decreto, la misma crisis
Carlos H. Estrada (03/06/2025)
La administración de Claudia Sheinbaum ha optado por una salida que ya se ha vuelto recurrente en los últimos años: decretar frente a la incapacidad de resolver. Ante la persistente crisis de desabasto de medicamentos, el gobierno federal ha emitido un nuevo decreto que busca “fomentar la inversión” y “fortalecer la industria farmacéutica nacional”. En teoría, el decreto suena ambicioso. En la práctica, es un reconocimiento tácito de su incompetencia para garantizar un abasto oportuno de medicamentos e insumos médicos en el país.
El decreto plantea, entre otras cosas, priorizar a las empresas con inversión en territorio nacional en futuras compras consolidadas del sector Salud. También ordena a la Cofepris agilizar los registros sanitarios y anuncia la creación de un Comité de Promoción de la Inversión Farmacéutica. Todo esto con la promesa de fortalecer la producción local y evitar futuras crisis de suministro. Pero mientras la administración mira hacia 2026, millones de personas siguen sin acceso a medicamentos básicos en 2025.
Este tipo de medidas a largo plazo no pueden sustituir las soluciones inmediatas que exige una crisis como la actual. El sistema de salud pública se encuentra en un punto crítico, con farmacias del IMSS, ISSSTE y clínicas del sector salud desabastecidas, y pacientes obligados a comprar de su bolsillo tratamientos que el Estado debería garantizar. La administración había prometido que para marzo pasado el problema estaría resuelto. Sin embargo, no solo no cumplió, sino que agravó la situación con una licitación fallida que evidenció improvisación y corrupción.
La cancelación de la compra consolidada de medicamentos —tras irregularidades y denuncias de corrupción— derivó en un proceso de compras directas fragmentadas y mal planeadas, encabezadas por la Secretaría de Salud y Birmex, que han resultado insuficientes. Lo que hoy vemos es un sistema colapsado que intenta paliar la escasez con parches temporales, mientras lanza discursos de soberanía farmacéutica sin una estrategia operativa real detrás.
El nuevo decreto no es, en sí mismo, una mala idea. Incentivar la producción local de medicamentos es necesario y deseable, pero hacerlo como respuesta a una emergencia ya desbordada es un ejercicio de distracción política. El gobierno quiere reescribir la narrativa, y en lugar de rendir cuentas por los errores que han dejado sin medicamentos a millones de personas, intenta proyectar visión de futuro y compromiso con la producción nacional. Pero ningún comité ni incentivo fiscal resolverá el hecho de que hoy, en muchos hospitales del país, no hay paracetamol, insulina o medicamentos oncológicos.
La administración apuesta a que con un nuevo marco normativo podrá atraer inversión, reactivar la industria nacional y eventualmente resolver el problema. Pero ese escenario, en el mejor de los casos, tardará años en consolidarse. Lo que se requiere es capacidad de gestión, transparencia en las compras públicas y una política de salud articulada con todos los actores relevantes del sistema. Nada de eso parece estar en marcha.
En un país donde el desabasto de medicamentos se ha vuelto sistemático y la corrupción un emblema del sector Salud, el gobierno de Claudia Sheinbaum no puede permitirse seguir aplazando soluciones concretas. De lo contrario, no habrá decretos que basten para remediar el daño.