De la destrucción a la reconstrucción del derecho internacional

Anna Kohte / Juan Cristóbal Cruz Revueltas

(15/01/2026)

No se puede lamentar la caída de Nicolás Maduro, un dirigente represor que ocupaba una presidencia ilegitima, mantenida únicamente gracias a elecciones fraudulentas que fueron condenadas como tales por la OEA. Su régimen llevó a más de 8 millones de personas a emigrar, y sus crímenes están ampliamente documentos por organizaciones como Human Rights Watch e, incluso, por la misma ONU. En otras palabras, el grupo gobernante en Venezuela pretendió que, para mantenerse en el poder, no requería ni de la legitimidad democrática ni tampoco de la misma población. Un especialista del tema y una de las “bestias negras” de la extrema derecha italiana, Roberto Saviano pueda afirmar que el poder del régimen venezolano se ha sustentado, a fin de cuentas, en la riqueza emanada del narcotráfico. Con Maduro Venezuela se convirtió, según observa el autor de Gomorra, en uno de los principales centros logísticos del tráfico mundial de droga (Saviano, “Le Venezuela utilise la drogue pour faire perdurer le pouvoir” (LeMonde, 6 de enero de 2026),

El régimen venezolano y la intervención de los Estados Unidos en ese país no son sino dos facetas de una misma voluntad de desmantelar el derecho internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. No es necesario insistir aquí en el hecho que la intervención americana infringió el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Por lo demás, la intervención no responde a los valores históricos de los Estados Unidos: hasta ahora Trump no se está presentando como una defensora de la democracia ni de la libertad. Ella tampoco parece convenir claramente a los intereses de su país ni a los de sus empresas petroleras. En un mercado petrolero donde hoy en día hay más oferta que demanda, (sin contar las energías renovables), las compañías americanas no necesitan del petróleo venezolano difícilmente extraíble y costoso de refinar y transportar. Las amenazas contra Groenlandia por parte de la administración se encuentran en el mismo tenor: se trata de un territorio de un miembro de la OTAN, una alianza militar integrada por los Estados Unidos y otros Estados miembros; además, en Groenlandia ya existe una base militar americana. La única clave que puede dar coherencia a estos diferentes hechos se puede encontrar en el hecho que Trump haya adoptado los valores de Putin y desee alinearse a su lectura geopolítica de un mundo repartido en bloques imperiales que, se entiende, someterán como sus vasallos al resto de los Estados.

La idea de que la fuerza es lo que rige la relación entre los diferentes pueblos no es de ninguna manera nueva. De hecho, en teorías de las relaciones internacionales, se le conoce como la posición “realista”, y fue anticipada desde la Antigüedad en el célebre Dialogo de los melios, obra escrita por Tucídides. El gran historiador griego da cuenta de los sucesos acontecidos en el 415 a. C. que llevaron a la democracia ateniense a masacrar a los habitantes de Melos. ¿Por qué? Por el mero “derecho” que tienen los fuertes a disponer del destino de los débiles.

En realidad, el derecho internacional siempre ha sido violado. Sin embargo, después de la Segunda Guerra mundial y hasta hace poco, las violaciones al derecho internacional eran consideradas casos excepcionales, una suerte de accidente o un hecho necesario para restablecer el orden normativo. Todo ello acompañado de la ritual retórica de apego al derecho internacional. Hoy en día este apego -hipócrita o sincero- a la ley internacional parece haber llegado a su fin. Lo que vemos actualmente es una voluntad sistemática de normalizan la violación del derecho internacional. Los crímenes de guerra cometidos cotidianamente por el estado ruso pueden entenderse como la voluntad deliberada de atacar y dinamitar hasta los últimos cimientos del derecho internacional. El nuevo “contrato” que nos ofrece la autocracia mundial – que incluye en su club a varios de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU- consiste en convencernos de pasar de un mundo (más o menos) ordenado por leyes, a otro dominado por brutos y depredadores.

Ya hace más de dos siglos el filósofo alemán Immanuel Kant sostenía que, mientras sean razonables, incluso los mismos malvados diablos preferirán vivir en un mundo sujeto a leyes. El filósofo alemán hacía eco al filósofo inglés Thomas Hobbes quien daba a entender que la vida en un mundo sin leyes es solitaria, miserable, peligrosa y breve (“Nasty, Brutish, and Short”). Y en efecto, nadie en su cabal juicio quiere vivir en ese mundo que nos proponen los autocratas. Los hechos en Ucrania, Venezuela e Iran lo ejemplifican bien. El pensamiento social contemporáneo más interesante -como el de Daron Acemoğlu o Philippe Aghion- prolonga a la gran tradición filosófica moderna a este respecto. Así nos los recuerda Joseph Stiglitz: “como lo han señalado muchos premios Nobel de Economía, la “riqueza de las naciones” reside en las instituciones, en particular en el estado de derecho.” (LeMonde 28-12-25).

Finalmente, si lamentamos la falta de respeto al derecho internacional, ello debe incluir también —un aspecto que la mayoría de los comentaristas han pasado por alto— el hecho de que, durante las últimas décadas, el derecho internacional no ha sido capaz de mejorar de manera significativa la situación de la población en Venezuela. Para muchos venezolanos y venezolanas, la invocación actual del derecho internacional provoca, por ello, apenas una sonrisa cansada o incluso amarga. La pregunta es inevitable: ¿qué derecho internacional?

A nuestro parecer, la comunidad internacional debe ejercer una autocrítica más profunda. La previsible reconstrucción del derecho internacional debera traducirse en una actuación más coherente y efectiva frente a violaciones persistentes del derecho internacional en el ámbito interno con el fin de proteger a la población civil. Así lo hacen evidente no sólo el caso de Venezuela, también el extremo nivel de violencia con el que el régimen de Irán reprime, en este preciso momento, a su propia población civil.