David Colmenares no debe seguir al frente de la Auditoría Superior de la Federación
Carlos H. Estrada (02/03/2026)
La escena fue patética. El auditor superior de la Federación, David Colmenares, llegó en silla de ruedas a la Cámara de Diputados para registrarse en busca de permanecer ocho años más al frente del órgano encargado de vigilar el uso del dinero público. Lo hizo sin declaraciones y protegido por un dispositivo de seguridad que bloqueó el acceso de reporteros. La imagen resume, quizá sin proponérselo, el estado actual de la Auditoría Superior de la Federación: opacidad, distancia y silencio.
La eventual reelección de Colmenares no es un trámite administrativo, es una decisión que definirá si México conserva -o pierde definitivamente-, uno de los pocos contrapesos técnicos que sobreviven dentro del Estado. La ASF no es una oficina burocrática más, es el principal instrumento institucional para fiscalizar el gasto federal y detectar corrupción. Su debilitamiento tiene consecuencias directas sobre la rendición de cuentas.
Desde su llegada en 2018, la gestión de Colmenares ha estado rodeada de cuestionamientos persistentes. No se trata únicamente de críticas externas o de la oposición política. Incluso voces provenientes del oficialismo han advertido un deterioro en la función fiscalizadora. El diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar ha señalado que la ASF ha perdido relevancia como facilitadora de la rendición de cuentas y que existe una brecha creciente entre el tamaño del presupuesto público y la proporción efectivamente auditada.
Más grave aún es lo denunciado por Muna Dora Buchaín, quien conoce desde dentro el funcionamiento del organismo. Buchaín sostiene que se desmantelaron en la práctica las auditorías forenses, el mecanismo más sofisticado para rastrear redes complejas de corrupción. Sin auditorías forenses sólidas, esquemas como los que revelaron la llamada “Estafa Maestra” simplemente dejan de detectarse.
La acusación no es menor. Simulación, discrecionalidad y presuntas redes de presión interna. A ello se suma la modificación del reglamento interno que, según críticos, permitió concentrar el control sobre los tiempos de presentación de denuncias penales. En un país en donde la impunidad suele depender del calendario institucional, controlar los tiempos equivale a controlar los resultados.
Los datos acompañan la preocupación debido a la disminución en los montos observados, las cada vez menos denuncias y una fiscalización más selectiva. La ASF parece haber transitado de órgano incómodo para el poder a institución administrativamente dócil.
La pregunta de fondo no es si Colmenares tiene derecho a buscar la reelección. Lo tiene. La cuestión es si el país puede permitirse prolongar una gestión que ha erosionado la credibilidad del principal ente fiscalizador federal. Y hoy, la Auditoría Superior de la Federación enfrenta una percepción creciente de irrelevancia.
Reelegir a David Colmenares no significaría continuidad, significaría normalizar el debilitamiento del control democrático sobre el gasto público. México necesita una ASF que investigue, incomode y denuncie, no una que administre silencios.